Tras 10 años de juicios y lucha en los tribunales, los camioneros lograron que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal emitiera una resolución con carácter de inapelable en la que la Secretaría del Transporte deberá pagar 40 millones de pesos a los concesionarios de 16 camiones que fueron retenidos por 14 meses en los corralones tras una manifestación en el exterior del Congreso en agosto del 2009, señaló el dirigente de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ), Enrique Galván Vargas.
Curiosamente en ese año el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte era el actual secretario del Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien con el argumento de que se había hecho una invasión a las vías generales de comunicación se llevó las unidades nuevas a los corralones, ahora los jueces le dieron la razón a los camioneros que impugnaron esa decisión y demandaron por daños, abuso de autoridad, entre otros motivos.
Galván Vargas explicó que en caso de que no se haga el pago por daños patrimoniales, se deberá de proceder en contra de quien sea el responsable y eso sentó las bases para que en las recientes detenciones de unidades se pueda solicitar resarcir los daños que se generen.
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Uno de los argumentos empleados para lograr esta indemnización millonaria, es que la facultad de tránsito es de orden municipal y no del Estado, "esto significa que los agentes viales violan la ley de manera sistemática al cobrar multas e infracciones a los automovilistas" ya que no hay convenio entre la autoridad estatal y los municipios para delegar funciones en esa ocasión las infracciones que se les aplicaron fue por estar estacionados en línea amarilla.
Por eso "al tratarse de simples folios, los subrogatarios presentaron un amparo indirecto el cual fue turnado para su estudio al Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco. En este juicio de garantías se otorgó a favor de los suscritos la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las unidades les fueran devueltas", lo cual se logró 14 meses después.
Es por eso que en la resolución que emitieron los jueces se declara el daño patrimonial y se ordena que la Secretaría de Transporte resarcir el daño con dos millones 551 mil pesos a cada uno de los dueños de los 16 camiones retenidos en la manifestación en donde pedían que se acabara la presión de las autoridades y lo cual da un total de 40 millones 816 mil 224 pesos.