Otra vez el castigo aplicable a nivel federal a un delito grave contra la mujer superó al planteado en el Congreso de Jalisco, donde la mayoría son diputadas. A nivel nacional la agresión a mujeres con ácido será sancionada con hasta 22 años de prisión, aquí apenas llega a 15 años de cárcel y con agravantes a 20 años. Solo 10 de 32 estados han tipificado los ataques con ácido y sustancias corrosivas y en los otros 22 se judicializa como lesiones que tiene una sanción menor y hay más impunidad.
A nivel nacional se reportan tres mil 354 mujeres que han sido víctimas de agresiones con ácido en los últimos 12 años. Entre 2021 y 2023 Jalisco reporta tres casos, aunque la autoridad sólo reconoce dos. Justo uno de los más sonados es el de Luz Raquel, una joven madre que denunció previamente que era víctima de acoso y amenazas, pero que de pronto un día fue detectada en la vía pública, ardiendo.
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Los vecinos la apagaron y pidieron la presencia de los paramédicos, además de que di- fundieron la información de que los presuntos responsables habían sido tres varones y una mujer. La fiscalía de Jalisco procedió contra el vecino que era señalado de las supuestas amenazas, aunque luego fue dejado en libertad, y ha presentado pruebas insinuando que ella misma pudiera haberse causado las lesiones.
En julio del 2022, en un centro de rehabilitación de Tonalá una jovencita acusó de que fue víctima de torturas y quemaduras por parte de los encargados del lugar. Dijo que la rociaron con alcohol y luego le prendieron fuego. Antes, en octubre del 2021 se inició una carpeta de investigación por el ataque a una mujer trans en pleno centro de Guadalajara. Ella iba acompañada de varias compañeras, cuando fueron interceptadas por un sujeto que dialogó con ellas, se retiró y regresó acompañado de un individuo solo para arrojarle ácido a la joven mujer de 26 años de edad, causándole quemaduras de hasta del 60 por ciento de su cuerpo en ambos brazos, cara y pecho.
Jalisco sanciona con un máximo de 15 años
El Congreso de Jalisco que se conforma por 24 mujeres diputadas y apenas 14 varones diputados aprobó que se castigue con entre 2 y 15 años de prisión a quienes ataquen a una mujer con ácido o con alguna otra sustancia corrosiva cáustica, tóxica o inflamable. Esta decisión por unanimidad reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado para integrar el castigo a los agresores.
La adición en el Código Penal de Jalisco, la cual deberá ser publicada oficialmente para entrar en vigor, quedó de la siguiente manera: El artículo 212 Bis quedó como sigue a continuación: “Se impondrá de dos a 15 años de prisión al que, por sí o por interpósita persona, ataque a otra utilizando para ello ácidos, sustancias químicas corrosivas o cáusticas, que genere lesiones internas, externas o ambas, sin perjuicio de las sanciones que se apliquen por la comisión de otros delitos”.
Y la anexaron una agravante, pero aún así no alcanza a la reforma federal:
“Cuando el ataque se cometa por razones de género y entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, noviazgo o cualquier tipo de relación sea de convivencia, laboral o docente, la pena se aumentará hasta un tercio, es decir hasta 20 años”.
22 años en lo Federal
En cambio la sanción a nivel nacional quedó más severa. Con 453 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, donde sanciona con 22 años de cárcel a quien ataque con sustancias corrosivas o con ácido. Los legisladores federales añadieron un capítulo y un artículo para establecer que se impondrá de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 700 días de multa a quien lesione a otra persona con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica e inflamable.
Si la lesión o lesiones afectan la cara, el cuello, los brazos, manos u órganos sexuales de la víctima, la pena aumentará hasta por un tercio en su mínimo y máximo; es decir, hasta por 20 años de prisión y 934 días de multa.
Pero la pena aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximos, que significa hasta 22 años y 6 meses, pero si las lesiones afectan órganos o funciones vitales y ponen en peligro la vida o afecta más de la mitad del cuerpo de la víctima, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio en grado de tentativa según corresponda.
En la misma acción se decretó que la Ley General de Víctimas garantice el acceso a cirugías reconstructivas a las víctimas de lesiones ya sea por ácido u otras sustancias similares. La diputada Alma Anahí González, del partido de Morena, declaró en ese sentido que “los ataques con ácido o sustancias corrosivas menoscaban la integridad y la libertad humana de las víctimas, pues les ocasionan graves y notorias lesiones en diversos partes del cuerpo, como cara, rostro, cuello o manos”.
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