A cinco días de concluir la administración municipal de Guadalajara 2021-2024 y ante la polémica de la basura, el regidor de Hagamos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla emite un pronunciamiento para sancionar, ejercer acciones legales y no prorrogar la concesión por 15 años más a la empresa Caabsa Eagle.
Posterior a la antepenúltima Sesión del Pleno del Ayuntamiento tapatio, Bravo Padilla mencionó que “El pleno del Ayuntamiento debe rechazar la petición de la empresa Caabsa de que se le amplíe el término de la concesión por 15 años más. La cláusula quinta del actual contrato trae estipulada que 60 días antes puede pedir la extensión de la concesión y explicamos uno a uno todos los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa”.
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Agregó que: “La ciudadanía y muchas colonias son testigos del incumplimiento de recolección no solamente en esas semanas sino durante una gran cantidad de periodos en los cuales sin ninguna explicación la empresa Caabsa ha dejado de recolectar la basura”.
El regidor enumeró cada uno de los incumplimientos de la concesionaria Caabsa Eagle como el no recolectar la basura por más de cinco días consecutivos, por ello, dijo, se debería aplicar una sanción económica.
Otros puntos que marcó el regidor fue que la concesionaria contravino en destinar el uno por ciento de su facturación mensual a campañas para fomentar una cultura de reducción de residuos sólidos, la antigüedad del parque vehicular y no cumple con el número de unidades y la omisión en la remediación y saneamiento de los vertederos de Laureles y Coyula-Matatlán, lo que ha forzado al municipio a usar el vertedero de Picachos, reduciendo su vida útil.
En materia de tratamiento de la basura, detalló lo siguiente: “Se entregó la planta de Laureles incumpliendo todo el convenio para la protección del medio ambiente y el manejo de lixiviados y por supuesto con la disposición final, nunca cumplió con las plantas de tratamiento y todo lo que implica este aspecto de la disposición final”.
Tonatiuh Bravo recordó que la empresa no cumplió con el contrato original, estaba obligada a contar con cuatro estaciones de transferencia, en 2016 solo funcionaban tres. Aun así, cuando en 2023 se aprobó la financiación pública para construir una nueva Estación de Transferencia Oriente en Tonalá, con un costo de más de 56 millones de pesos, cuando le correspondía contar con las estaciones para atender la demanda.