Es urgente actualizar el marco legal para proteger a víctimas de violencia, puntualizó la diputada Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género.
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Propuso sancionar con pena de 1 a 5 años a quién incumpla, obstaculice, viole o infrinja una orden de protección preventiva o de emergencia establecida en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y/o en el Código Nacional de Procesos Penales.
Actualmente la sanción que se aplica va de seis meses a un año de prisión, indicó la legisladora priísta. Lo que pretende es ampliar el rango de protección.
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El propósito de la reforma es aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y a los testigos de la violencia por razón de género, antes, durante y después de las acciones judiciales.
Así como, añadió, ampliar el rango de protección, pues con esta reforma se contempla sancionar no sólo al agresor sino también a quien pueda colaborar en el incumplimiento de la orden de protección.
Señaló que "últimamente se han dado a conocer múltiples casos donde mujeres que solicitaron órdenes de protección han sido agredidas por la persona contra la que se emitió la medida legal".
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