Con multas de 868 a 2 mil 606 pesos y en caso de reincidencia suspensión de la licencia de conductor por 6 meses, son las sanciones a las que serán sujeto los choferes que no den el cambio de 50 centavos en la tarifa de 9.50 pesos en el transporte público y exijan el cobro de la tarifa en forma diferente. Ya que se ha detectado a conductores del transporte público que reciben el dinero en la alcancía de los transvales.
El diputado Jonadab Martínez García, propuso la iniciativa que propone que se adicione una fracción XVII al artículo 191 de la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco, en la que se establezca con claridad y certeza, que se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos, o rutas de transporte público masivo y colectivo de pasajeros, que exijan o realicen el cobro de tarifa a los usuarios en forma diferente a la establecida en los términos de la Norma Técnica que especifica el Sistema Integrado de Recaudo.
Chécalo:
El Artículo 191 establece que se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos, o administradores de ruta que cobren de forma diferente a lo establecido.
Se tienen quejas de usuarios del transporte público masivo donde al ingresar a la unidad se topan con letreros que dicen que no funcionan los lectores de las tarjetas electrónicas por lo que deben pagar en efectivo y al hacerlo no les dan cambio.
En el caso de aprobarse la iniciativa, la sociedad tendrá un gran beneficio, ya que se garantiza una mejor implementación en el nuevo sistema de pago híbrido, mediante tarjeta electrónica o mediante efectivo, a cambio del servicio de transporte público colectivo y de pasajeros, consolidándose, en beneficio de la autoridad, del transportista y del usuario, el Sistema Integrado de Recaudo para un mejor y más eficiente transporte público, señaló el legislador.
Se verán reflejados los beneficios en un efectivo y eficiente servicio de transporte público, mejores y más equipadas unidades, servicio puntual y oportuno que representa el eficiente tiempos en el itinerario de actividades de los usuarios, toda vez que con esta iniciativa se genera un mecanismo coercitivo para la correcta y debida implementación de un sistema de pago por el servicio de transporte, en el que confluyen intereses de la autoridad, de los transportistas y de los usuarios para beneficio de todos.