Sancionan a empresas y trabajadores, pero no a Lomelí

Dijo haber aclarado otros procesos como el caso de “unas comisiones de carros que se vendieron y no han hecho el cambio de propietario, o casas que fueron vendidas desde el 2008 y tampoco aparecen en el Registro Público"

Víctor Chávez | El Occidental

  · viernes 13 de septiembre de 2019

Poco a poco y al final de cuentas va quedando libre de cualquier responsabilidad, ya sea de tipo penal o administrativa, el doctor Carlos Lomelí, que en su momento pidió licencia a la delegación de programas para el Desarrollo, y ha insistido en que pronto regresará al cargo, en declaraciones que apenas hace unos días dio a El Occidental. En la Fiscalía Anticorrupción se vinculó ya una de las carpetas y con ella a dos empleados de Abisalud y otra está en etapa de integración y de sigilo.

El miércoles 7 de agosto comentó: “Sin revanchas ni venganzas, pero sí hombro con hombro, más ahora que Jalisco está fuera de control”.


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Entonces dijo que no había renunciado y que su ausencia respondía a una “separación temporal del servicio” y que era para permitir a la (Secretaría) Función Pública hiciera su trabajo.

Comentó que iba sorteando los procesos: “Son observaciones del 2015, cuando yo era diputado federal en donde dos de los señalamientos que se van poniendo en claro y ya se contestaron, es que yo sí había declarado en mi tres de tres, tener participación como administrador general de dos de las empresas y la empresa al momento de licitar 326 mil pesos, más creo que dos millones de otra, no habían manifestado que una de las personas que fungía como administrador estaba como diputado federal”, explicó.

Dijo haber aclarado otros procesos como el caso de “unas comisiones de carros que se vendieron y no han hecho el cambio de propietario, o casas que fueron vendidas desde el 2008 y tampoco aparecen en el Registro Público, y así lo que nos han ido presentando, lo hemos solventado, y hemos presentado las pruebas de manera puntual”.

Entonces dijo: “Nosotros estaremos en la mejor disposición de aclarar y ventilar, esperando que los resultados nos favorezcan, para reincorporarnos al trabajo que para nosotros es tan importante como lo es la cuarta transformación”.


EN CASO SOLO DOS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

En el caso solo hay dos carpetas de investigación, una de ellas donde ya se vinculó a proceso a ex directivos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y dos representantes de la empresa Abisalud,, por los delitos de fraude y uso indebido de atribuciones y facultades en la adquisición de medicamentos a sobreprecio para el organismo.

Por parte de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud) fueron vinculados a proceso por el delito de fraude su representante legal, Raquel “N”, Juan Manuel “N” y María del Carmen “N”, quienes firmaron el contrato de la compra. No se consideró nunca proceder contra el propio doctor Lomelí.

Mientras que por Pensiones: A Fidel Armando “N”, quien fuera director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; Adriana Gabriela “N”, exdirectora Administrativa y Servicios; Jorge Arturo “N”, exjefe de Recursos Materiales y Servicios de esa institución; a quienes se les vinculó a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Por razones de sigilo, la fiscalía anticorrupción no dio la información, pero trasciende que hay en proceso de integración otra carpeta de investigación relacionada con otra de las empresas del doctor Carlos Lomelí y sería prácticamente la última.

El juez les fijó las siguientes medidas cautelares: presentarse ante la autoridad judicial cada mes y no salir del estado.

La siguiente etapa del proceso continuará dentro de dos meses -el plazo era de cuatro y han transcurrido dos-, donde finalmente se decidirá la situación legal de los seis imputados.


CASTIGO PARA SUS EMPRESAS

En la reciente resolución de la Secretaría de la Función Pública, otras dos de sus empresas son sancionadas con inhabilitación para licitar y contratar durante dos años seis meses y el pago de una multa, cada una, de un millón 51 mil 500 mil municipios.

En este proceso SAN/015/2019 tampoco hay sanción para quien fuera su propietario, que cuando sucedieron los hechos era diputado federal.