Como ex Magistrada Federal he vivido los retos y exigencia que enfrenta un juzgador en México. La responsabilidad de impartir justicia en un país como el nuestro, no es tarea fácil, requiere un profundo conocimiento de las leyes y de la impartición de la justicia, para dar a cada quién lo que en derecho le corresponde, con una experiencia vasta en las diferentes ramas del derecho y, sobre todo, una integridad e independencia al juzgar, inquebrantable, indicó la ex magistrada Martha Ibarra.
Me consta cómo los requisitos para acceder a estos altos cargos públicos, son sumamente rigurosos, para quienes como yo han elegido como abogados, enfocarse en tener una carrera jurisdiccional dentro de un Tribunal o juzgado, por muchos años y grandes sacrificios, desde iniciar como oficial de partes, notificador, actuario, oficial jurisdiccional, secretario de acuerdos o proyectista de proyectos de sentencia, para posteriormente, con base en arduos exámenes por concurso de oposición, donde se te evalúa desde la perspectiva psicométrica, para conocer tu perfil y que sea el idóneo para juzgar imparcialmente, así como de conocimientos en las diferentes ramas del derecho, físicos y de tecnología, así como entrevistas, postularte para un cargo como juez, magistrado o ministro y ser elegido con base únicamente en ser uno de los mejores y más altos promedios, apuntó.
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Sí, lamentablemente debemos reconocer que también en esos cargos públicos hay perfiles no idóneos para ser juzgadores, lo que resulta evidente cuando por compadrazgos o dedazos están en esos puestos quienes no tienen el menor conocimiento para impartir justicia, ni tampoco tienen la carrera jurisdiccional que se requiere, o mucho menos conocer las leyes que deberán aplicar en su tarea cotidiana, conociendo lo que es ver en su integridad un juicio, analizar lo que se demanda por las partes, valorar las pruebas que se ofrecen y decidir quién tiene la razón correctamente, con base en el caso concreto, lo que es aplicable conforme a derecho, a las jurisprudencias y doctrina aplicable.
Realmente en esas posiciones, necesitamos mujeres y hombres de gran valor moral, profesionales del derecho, con conocimiento y experiencia vasta para que los gobernados tengan la certeza jurídica de que en México los juzgadores cumplirán con los principios fundamentales que rigen la labor judicial en México: Independencia para juzgar, imparcialidad en sus fallos, objetividad y profesionalismo, para lo que se requiere de un riguroso proceso de exámenes de oposición diseñado para asegurar que quienes imparten justicia, lo hagan con la máxima profesionalidad y compromiso, señaló la jurista.
En mi opinión, "la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México. De llevarse a cabo en esa forma, se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un estado de derecho: la independencia judicial. La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses". Es claro, como en los países del primer mundo, ministros, jueces y magistrados tienen total independencia para ejercer sus funciones, sin que indebidamente interfieran otros poderes del estado, grupos políticos o influencias externas que pongan en riesgo la garantía de un juicio justo y equitativo.
Es fundamental proteger los derechos de los ciudadanos y mantener la confianza pública en el sistema judicial, un baluarte que no puede ni debe comprometerse. La independencia judicial asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas exclusivamente en la ley y en los hechos del caso, sin temor a represalias o influencias externas, lo que permite que el poder judicial actúe como un árbitro imparcial, capaz de resolver disputas y proteger los derechos constitucionales de los individuos. Además, la independencia judicial es crucial para mantener el equilibrio de poder entre las distintas ramas del gobierno, evitando abusos y garantizando que ningún poder tenga un control absoluto.
Un sistema judicial independiente contribuye a la estabilidad y predictibilidad del marco legal, lo cual es vital para el desarrollo económico y social. Inversionistas, ciudadanos y otras naciones pueden tener confianza en que en México los contratos serán respetados y los derechos protegidos, promoviendo así un entorno de certeza y justicia.
La idea de democratizar la elección de jueces, magistrados y ministros, por medio del voto popular conlleva varios riesgos y desafíos que podrían comprometer la independencia judicial, la impartición de la justicia y la aplicación exacta de las leyes, por lo siguiente:
1. Politización del poder judicial: La elección popular de jueces puede llevar a una politización del poder judicial, donde los candidatos se vean obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías para asegurar su elección. Esto podría resultar en decisiones judiciales influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley.
2. Influencia de intereses particulares: En un sistema de elecciones populares, los candidatos a jueces podrían depender de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas. Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.
3. Falta de competencia: Los jueces y magistrados deben poseer un alto grado de conocimiento y competencia en derecho. Las elecciones populares, sin un mecanismo adecuado para evaluar estas competencias, podrían resultar en la elección de jueces sin la preparación necesaria para manejar casos complejos o sensibles.
4. Vulnerabilidad a la opinión pública: Los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia. La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto.
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Hoy debemos reconocer y levantar la voz para que nuestros juzgadores sean elegidos estrictamente por su perfil de conocimientos y experiencia, incluyendo un dominio profundo del derecho constitucional, civil, familiar, penal, administrativo, laboral, entre otros, además de contar con una trayectoria intachable, demostrando un compromiso ético y una capacidad para conocer y resolver.
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