A unos días de que termine el juicio, el ex presidente de la Federación Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, reconoce que la batalla por la defensa de un parque, que de pronto se criminalizó, no ha sido fácil, prevalece el billete y la influencia, y su envío a prisión junto con otros dos compañeros, por unos días, fue solo una parte de una difícil y desigual batalla plagada de intereses económicos y de poder.
El 10 de enero próximo no solo se cumplirá un año de que fueron enviados a prisión sino también vencerá el período que el juez fijó para la investigación especial. Dicho juzgador Felipe de Jesús Rivera Gallegos, por cierto, estaría en conflicto de interés, puesto que su esposa laboraba como síndica y fue citada dentro de la denuncia que Armenta interpuso contra cuatro ex alcaldes y sus principales colaboradores, por la entrega del parque.
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Lo mínimo que se hubiera esperado es que el juzgador declinara la competencia, por conflicto de interés, pero no lo hizo. “Con base en mi experiencia creo que en Jalisco la justicia está a la venta, se negocia, y, pues, prácticamente es ciega, como la escultura de la diosa romana, y más bien tiene una balanza que se inclina a quien le pone más billetazos, El proyecto que estamos enfrentando y la lucha que tenemos, que es la defensa y la recuperación del parque, es tan solo un ejemplo, un síntoma de una enfermedad, y es que los bienes públicos están siendo utilizados como negocio entre la clase política y los empresarios, en lugar de ser un activo que deberían defender y proteger porque genera bienestar, en muchos sentidos, de manera insustituible para la sociedad”.
El parque era nuestro, sí de los ciudadanos
No se debe de olvidar que en 1980 el Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto 10 mil 421 mediante el cual autoriza al Ayuntamiento de Guadalajara para que adquiera diversos bienes inmuebles a fin de construir en ellos un parque municipal y terminó en un desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, en distintos momentos y con diferentes autoridades, el propio Ayuntamiento de Guadalajara ha intentado privatizar el predio de manera ilegal en dos ocasiones, 2008 y en 2016, a través de un convenio/fideicomiso que consistió en un intercambio entre la empresa MECANO AMÉRICA S.A. de C.V. que pagaría con obras en favor del municipio de Guadalajara y el Ayuntamiento que aportaría el predio en cuestión.
Al final, todo quedó en manos de la Operadora Hotelera de Salamanca S.A.P.I. de C.V., que pretende construir un proyecto inmobiliario de mil 872 departamentos de lujo, un hotel, un centro de convenciones, un mercado, una torre de oficinas de 62 niveles y un centro comercial, que de realizarse podría poner en riesgo la calidad de vida de las y los habitantes de la zona por problemas como: escasez de agua potable, congestión vial, insuficiencia de transporte público, contaminación, aumento de la temperatura, fallas en el servicio de electricidad, pérdida de áreas verdes, incremento en los precios de venta y renta de fincas en la zona de Huentitán.
En virtud que la empresa no cumplió ni en tiempo ni en forma con el convenio es que el 29 de marzo de 2021 vecinos, activistas y estudiantes instalaron un “campamento permanente” a manera de protesta y sembraron mil árboles dentro del predio para regresarle parte de la vida que le había sido arrebatada. Ahí empezó la persecución.
Una defensa que criminalizaron
Primero, sin ser llamados a la audiencia de tutela y al proceso de restitución, un agente del Ministerio Público dictó la ejecución de la diligencia que se convirtió en un macro operativo como si fueran a detener a un peligroso criminal y la madrugada del día 19 de agosto del 2021 fueron desalojados violentamente del predio que fue adquirido para ser parque municipal.
Usando armas de fuego, encapuchados, decenas de agentes investigadores y policías estatales irrumpieron al sitio y detuvieron a quienes ahí estaban, luego fueron liberados, pero ya las actuaciones se perfilaba a criminalizar por supuesto despojo a los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara; Francisco Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros González y José Alexis Umanzor, quienes fueron privados de su libertad el día 05 de enero del 2023, permanecieron 5 días en prisión preventiva, reanudando la audiencia el día 10 de enero de 2023 cuando fueron vinculados a proceso por el delito de despojo de bienes inmuebles y aguas. Ante la presión social, el juzgador tuvo que dar marcha atrás y los liberó, pero el juicio sigue en libertad.
Están enfrentando -lo dice el mismo Javier Armenta- un negocio inmobiliario de 14 mil 800 millones de pesos.
“Creo que nunca debimos de haber tocado la cárcel porque no somos delincuentes, somos nada más ciudadanos y jóvenes que nos preocupa cómo se vive nuestra ciudad y, pues, que la fiscalía y la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, no están para perseguir a los delincuentes, a quienes desaparecen, a quienes privan de la vida a otras personas, pero sí están para perseguir a quienes se oponen a los intereses de la clase política, particularmente de un proyecto del gobernador del Estado, Enrique Alfaro”.
Recordó que les inventaron diversas acusaciones como el hecho de que usaban armas de fuego y los llevaron a juicio “con falsedades y mentiras fue que nos hicieron de manera mañosa”.
Tendrán que acudir ante la justicia federal
Javier Armenta no lo duda y afirma que no espera encontrar la justicia en Jalisco: “Mi pronóstico, es que no vamos a tener un resultado alentador con este juez y seguramente tendremos que obtener justicia ante instancias federales, ¿no? Eso es por un lado. Y confiamos que a nivel federal sí vean de manera objetiva la situación. Digo, no es un secreto que el partido político que controla en este momento el Poder Ejecutivo, pues, realmente tiene subordinados al Poder Judicial. Y, bueno, pues, mi pronóstico es que aquí no vamos a tener justicia. No sé cuándo se acabe nuestro proceso. No está, por lo que veo y lo que han dicho mis asesores jurídicos, una fecha determinada. Seguirá corriendo. Pero, pues, estamos preparados para en el tiempo que sea”
Cree que la empresa tiene prisa “porque su benefactor político de impunidad, que es el gobernador, pues, está por concluir su etapa y seguramente ellos quieren tener el tema resuelto para continuar con su proyecto inmobiliario”.
Javier Armenta confirma que tienen otros procesos con todos los vecinos de Huentitán y buscan: “La liberación del parque, o sea, que ya no se termine por edificar, pero también buscarían también que paguen los culpables, los que los han señalado, los que han violado la ley. Mira, sin duda, si eso es conforme a la ley, claro que lo deseable es que conforme a la ley todo mundo se haga responsable. Pero para nosotros y nosotros del colectivo de Huentitán Resistencia, nuestra prioridad es salvar el parque. Yo prefiero tener un parque que nos brinde agua, calidad de aire, temperatura, un espacio para que los niños sean reclutados por el fútbol y no por las drogas, que tener a 20, 100 funcionarios en la cárcel. Más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces, pues estamos dispuestos a aceptar un convenio público frente a los medios de comunicación y todo, donde pues la mitad del terreno sea parque y la otra mitad sea para desarrollo inmobiliario”.
Ahora sí una agenda ambiental
Javier Armenta adelantó que por otro lado, durante el actual proceso electoral “vamos a plantear la agenda medioambiental y el derecho a la ciudad. Eso es una realidad. Desde cualquier espacio que me toque estar, sea el de la asociación, sea como profesor, ahora que soy de la universidad, de activista o cualquier otro, vamos a estar obligando a los candidatos y candidatas a pronunciarse”.
Pero además peleará por qué nunca nadie más vuelva a ser encarcelado por protestar y adelanta que van a defender la libre manifestación de las ideas, “que también fue vulnerado con el encarcelamiento que nos dio el gobernador”.
“La gente está enojada. Sabe que este es un gobierno corrupto, que ve a la ciudad como un botín y que encima de eso pisotea a quienes critican el gobierno. Y bueno, pues esperemos que esto lo tome en cuenta la gente cuando decida por quién votar”.
¿Cuál es la situación actual del conflicto?
Javier Armenta presentó un Amparo indirecto en contra de la Sentencia condenatoria dictada por el Juez Cuarto Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.
El 03 de marzo del 2023 la justicia de la Unión le concede el Amparo, le ordena al Juez dejar sin efectos el citatorio, el emplazamiento, la sentencia, la ejecutoria y se le ordena reponer el procedimiento. Dicha resolución que ya fue confirmada el 31 de agosto del 2023 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Los 3 estudiantes Javier, Iván y Alexis presentaron un Amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, la justicia de la Unión les concede el amparo y protección de la justicia federal ordenando que se deje sin efectos la vinculación a proceso y que se lleve a cabo una nueva audiencia, a esa resolución las empresas y el Ministerio público que ejecutó también el desalojo le interponen un recurso de revisión que está pendiente de resolver el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal , mientras tanto los 3 estudiantes continúan vinculados a proceso penal, el próximo 10 de enero del 2024 termina el plazo para realizar actos de investigación complementaria.
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Del proyecto ICONIA: Por no contar con autorización en materia de impacto ambiental, la Profepa, Procuraduría federal de Protección al Ambiente, el día 19 de enero de 2023 clausuró en su totalidad las obras en Distrito ICONIA, de acuerdo con el expediente administrativo PFPA/4.1/2C.27.5/00055-22, la Profepa aplico una clausura total temporal por la omisión presentada, desde esa fecha se encuentran clausuradas la totalidad de las obras incluida el Polideportivo, bajo el argumento de que los desarrolladores no cuentan con la manifestación de impacto ambiental ni los permisos necesarios en materia ambiental ante las autoridades federales.
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Del Parque Resistencia Huentitán: Secciones B y C del citado predio, uno de los tres estudiantes presentó un Amparo indirecto contra la privatización del espacio público, mismo que se encuentra en revisión en el Quinto tribunal Colegiado en Materia Administrativa, esperamos que con una resolución favorable se deje sin efectos los actos de desincorporación del predio del dominio público y su posterior privatización, con ello se recupere el espacio como parque. Está pendiente la presentación de un amparo colectivo con ese mismo fin, el cual se estima termine resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.