El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, exige que Cabsa pague por los gastos que generó en los municipios metropolitanos el incendio en el vertedero Los Laureles, serían 7.5 millones de pesos que pueden pagar en especie para equipamiento de brigadistas forestales y bomberos; pero además, propone como presidente del Instituto Metropolitano de Planeación, que se utilice Picachos para la basura de los demás municipios tapatíos, siempre y cuando apoyen con su mantenimiento.

“La propuesta que estamos haciendo es que quien se encarga del manejo del mismo (Cabsa) pueda pagar los gastos que se realizaron para abatir el incendio; se han contabilizado 7.5 millones de pasos, la parte municipal que más aportó recursos fueron Guadalajara y Zapopan con 1.6 cada uno y bueno, lo que queremos es que estos recursos que pague el operador de Laureles se vayan directamente para comprar equipamiento para brigadistas forestales” explicó Lemus Navarro.

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Ya que Laureles esta en Tonalá, la propuesta se la presentaron al gobernador para que se busquen mecanismos jurídicos y poder cobrar a Cabsa.

“Ya lo aplicaron en Hasar´s y fue muy sencillo la negociación: o pagas los gastos referentes a tu incendio o te clausuramos, y asi funcionan las cosas muy rápido, y así puede suceder con Laureles, que paguen los 7.5 mdp” reiteró el alcalde.

Aseguró que el incendio fue por malo manejos de la empresa concesionaria y no es justo otros gobiernos municipales paguen por algo que no les corresponde pues el manejo del vertedero es privado.

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“Dejar claro esta es una buena oportunidad desde el Instituto Metropolitano de Planeación busquemos un modelo metropolitano de manejo de residuos, se trabaja Picachos y somos el único municipio que lo utilizamos. Laureles concentra 3 mil 800 toneladas de basura diarias, Picachos tenemos aproximadamente mil 200 toneladas diarias, tenemos capacidad para albergar capacidad de otros municipios, pero también apoyen con mantenimiento del propio relleno sanitario” propuso Lemus.

Aseguró acaban de concluir la celda 05 y no hay denuncias de exposición de lixiviados o contaminación, por lo que es una propuesta que subirá a la mesa de la junta de Coordinación Metropolitana.