Al considerar que se violan artículos constitucionales relacionados a la autonomía municipal e invadir competencias al imponer la necesidad de un pase de circulación temporal hasta por 20 días naturales o la obligación de verificar el automotor si no tiene placas de Jalisco, el llamado contralor ciudadano, Jorge Ruiz, promueve una serie de amparos.
La mecánica es que los interesados pueden llevar la tarjeta de circulación certificada para solicitar copia del amparo que se promueve contra esta medida anunciada como parte del programa de Control de Emisiones al Medio Ambiente.
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“Ante la inconstitucionalidad que ejerce el Gobernador Enrique Alfaro con estas medidas y estamos señalando a seis autoridades responsables de cometer este tipo de ilegalidad como el secretario de Medio Ambiente, al titular de Seguridad, al Director de Publicaciones del Periódico Oficial, al secretario del Transporte, la Comisaría Vial del Estado y al Gobernador, por ser las responsables de llevar a cabo este proceso inconstitucional”, dijo.
La explicación que da para este amparo es que se sustenta en lo que marca el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece la autonomía municipal y menciona que se “la Secretaría del Transporte y estas autoridades deben de tener un convenio firmado cada tres años para darle la protestad a la Secretaría del Transporte para que puedan ejercer el tránsito, ya que el artículo maneja que el tránsito a nivel nacional es responsabilidad de los municipios, cosa que no sucede en Jalisco”.
En este caso a la fecha no se ha firmado este convenio que concluyó junto con la administración del ex gobernador Aristóteles Sandoval, es decir en el 2018 se terminó y ninguno los 125 municipios de la entidad lo ha firmado.
Además, el Artículo 117 de la constitución señala que ninguna instancia estatal debe de cobrar algún tipo de impuestos para que alguna persona o cosa pase sobre el estado y “esto es totalmente lo que está siendo la inconstitucionalidad al solicitar este pase” lo mismo que se hace en la Ciudad de México, pero dijo que ahí nadie se defendió pero también exigen que todas las infracciones estén pagadas para poder acceder a este servicio.
Mientras que el abogado Manuel Cornejo indicó que para poder pagar el proceso de verificación se exige “que no se esté con adeudos de refrendo y sin adeudos de multas, además el vehículo debe estar a nombre del actual propietario”, según se indica en la página de la verificación.
Agregó que entonces el costo de la verificación ya no es de 500 pesos como se anunció, sino que al obligar al ciudadano a pagar todas las fotomultas, que son consideradas como inconstitucionales, no pueden continuar con el proceso ya que puede ser un gasto que puede ir desde los mil 500 a los ocho mil pesos o más.
