Porque no se vislumbra un sentido práctico o social en la medida, o porque no se tiene en claro cómo ni quién será el que evaluará, profesionistas pugnaron porque no se aplique la certificación cada cinco años para ciertas carreras en la entidad.
Este lunes en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo un foro de cara a la reforma que se prepara a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales de Jalisco. Ante la próxima entrada en vigor de la certificación obligatoria a partir del 2023 para contadores, arquitectos, ingenieros, abogados y los del rubro de salud, expertos cuestionaron la viabilidad de esto.
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"Hay dudas y descontento sobre la aplicación de esta ley a partir del 1 de enero del 2023, por lo tanto nos dimos a la tarea de presentar una reforma de esta ley y la intención es discutir para generar las condiciones para esta dictaminación", expresó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, impulsor de la reforma y foro.
Durante la participación de expertos se mencionó la importancia de saber entender que en la Constitución se reconoce tanto la libertad de profesión así como la certificación, y que las universidades y colegios pueden servir como capacitadores de su matrícula después de egresar.
Sin embargo, tampoco dejaron de manifestar que el que se quiera hacer obligatoria una certificación cada cinco años abre la puerta a muchas dudas que hacen pensar todo este proceso más como un requisito administrativo que uno de actualización constante.
"Es deseable un proceso de certificación voluntario, flexible, que promueva efectivamente los incentivos para la actualización continua acorde a las realidades del siglo XXI, donde vemos a más estudiantes y profesionistas tomando microcertificaciones. La ley me parece que está un poco desfasada, desde el 2015 mucho ha pasado a la fecha", manifestó Carlos Iván Moreno, coordinador académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
A decir de Luis Iván Santana, delegado nacional de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, la condicionante de la certificación a partir del siguiente año viene a cuestionar la preparación académica que profesionales ya recibieron de sus universidades. Aseguró que no están en contra de una actualización, sino de la forma en que está planteada pues con esta medida se quiere interrumpir el ejercicio profesional.
"No hay una relevancia realmente en cuanto a que se tenga que certificar a un profesional cada cinco años. Desde el punto de vista constitucional estaríamos suscitando una invasión de facultades. ¿Por qué algo que tendría que ser provechoso para el profesional se va a convertir en un martirio? ¿Por qué cobrar los cursos, la expedición de la certificación? La cuestión práctica no la veo, la social tampoco", añadió.
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