Primero debe crearse la Comisión de la Verdad antes que pedir perdón a las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992, declaró Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Esta Comisión de la Verdad se la planteó al gobernador Enrique Alfaro, que le dijo que adelante, sin embargo, le corresponde hacerlo al Gobierno Estatal y Gobierno de Guadalajara marcar la diferencia de que hay un “auténtico compromiso con las víctimas del 22 de abril”.
Esta Comisión de la Verdad debe crearse con fuerza jurídica a través de un decreto donde estén involucradas todas las dependencias e incluir al Gobierno Federal, ya que está la voz de la sociedad que señala con un dedo contundente que Pemex es el responsable de la tragedia; también debe dotársele a la Comisión de recursos materiales suficientes y principalmente esté integrada por víctimas y representantes.
Aseveró que la comunidad, las familias y víctimas tienen derecho a saber, derecho a la justicia y derecho a la reparación del daño y hasta este momento no hay reparación integral del daño, puntualizó Hernández Barrón.
Las dependencias que integren a la Comisión de la Verdad, estarán obligadas a rendir informes. Esto permitirá que a pesar de los 27 años que han pasado desde la tragedia, “ya que hay elementos suficientes técnicos, evidencias documentales, juicios que se llevaron a cabo, testimonios que pueden recuperar esa historia”.
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Después de que venga este conocimiento, refirió “que vengan las disculpas necesarias. No basta una disculpa, la sociedad necesita saber que fue lo que ocurrió para que esta cumpla con un objetivo educativo: que nunca más vuelva a repetirse”.
El perdón, subrayó es obvio y necesario que se tiene que pedir, pero mejor sí va acompañado de una explicación detallada de lo que ocurrió, “al final tendrá que haber una disculpa, un perdón, una reparación integral del daño, porque los criterios en que se están atendiendo a las víctimas han quedado rebasados después de múltiples leyes y criterios que se han incorporado a la perspectiva de los derechos humanos”.
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Como la reforma constitucional de junio de 2011 y la ley general de víctimas, parámetros para ampliar el manto protector de las víctimas. La Comisión debe decir quiénes son los responsables, quienes incurrieron en omisiones, no quedarse en chivos expiatorios y que las víctimas no tengan tensiones para acceder a medicamentos, atención médica y servicios de salud.
Subsiste la carencia de justicia, de atención médica, medicamentos que las autoridades tienen la obligación de cumplir. La herida sigue abierta, “Jalisco no es el mismo después del 22 de abril”.
