El todavía presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, aplicó lo de la última y nos vamos y se despidió con pronunciamiento a favor de víctimas de la guerra sucia entre 1965 y 1990.
Recordó que dicho organismo ha analizado diversas quejas y emitido distintos informes y recomendaciones relacionados con los acontecimientos ocurridos en nuestro país durante los años 1965-1990, identificados en el ámbito de la opinión pública como “Guerra Sucia”.
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Esta Comisión ha decidido, aclara, sin pretender invadir la esfera de competencia de los organismos federales, sumarse al reclamo de cientos de víctimas para reclamar justicia y alentar a las autoridades federales y estatales a investigar convincentemente los actos y omisiones que se perpetraron en nuestro estado durante la época referida.
En el documento firmado por Hernández Barrón se asentó que “los actos y omisiones ocurridos durante el tiempo que duró la “Guerra Sucia” tuvieron su origen en la disidencia de diversas organizaciones civiles que surgieron no sólo en la capital del país, sino en diversos estados de la república mexicana”.
Detalló enseguida las organizaciones que participaron: “Entre las organizaciones guerrilleras surgidas sobresale, por importancia para nuestro Estado de Jalisco, el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de la Universidad de Guadalajara, el 29 de septiembre de 1970, desprendiéndose después la Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada en la ciudad de Guadalajara el 15 de marzo de 1973, en la que convergieron diferentes grupos sociales del norte y sur de México, integrada por jóvenes que decidieron emprender una lucha de manera más intensa y con presencia e identidad más amplia, para unir diversas organizaciones regionales sociales y estudiantiles que operaban previamente, de manera aislada en distintas regiones de nuestro país; y que algunos de ellos se unieron para formar la liga mencionada; algunos otros siguieron operando de manera autónoma. Entre los grupos identificados se encuentran además del FER, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), la Unión del Pueblo (UP) del Estado de Jalisco, y otros que operaron con diversas intensidades”.
Muchas familias fueron víctimas de la guerra sucia: CEDHJ
Y denunció: “Una de las consecuencias más trágicas que ocasionaron las acciones perpetradas por el gobierno, y sigue provocando dolor en muchas familias que fueron víctimas de esos actos, fue la desaparición de cientos de jóvenes y líderes sociales, persecuciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, exilio y personas privadas de su libertad por motivos políticos, que, sin tener acceso a un juicio justo, o la posibilidad de participar en un proceso judicial, transparente y justo, con las debidas formalidades del debido proceso, fueron encarcelados, desaparecidos o incluso victimados, lo que provocó un estado de pánico que no sólo afectó a las organizaciones guerrilleras que surgieron, sino a la familia, amistades y población en general”.
Insistió en que no se pueden dar por culminadas las investigaciones y en cambio se debe de insistir en llegar a la verdad, “se encuentra pendiente el resultado de investigación que deberá realizar la recién creada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, que se creó por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021; no obstante, resulta de gran importancia tomar conciencia de la necesidad de que las autoridades federales, estatales y municipales para realizar las modificaciones necesarias que permitan evitar incurrir en errores cometidos por gobiernos anteriores, tener conciencia del fin y compromiso de las instituciones; y el derecho de los habitantes del estado a la justicia y a la reparación integral del daño”.
Retoma la alerta realizada dentro del informe Especial por la homóloga nacional, sobre Desaparición de Personas y Fosas clandestinas en México de 2017, “en el sentido de que las desapariciones forzadas durante la década de los 70 y principios de los 80 acreditadas en la Recomendación 26/2001, demuestran que “la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como la desaparición forzada se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como se demostró en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado en los últimos años esta práctica. Situación que no ocurre sólo en el Estado de Guerrero, ya que también la padecemos en el Estado de Jalisco”.
Solicita “se revisen las averiguaciones previas que se ordenaron iniciar en nuestro estado con motivo de investigaciones relacionadas con la Guerra Sucia en México, periodo entre los 60 y principios de los 90 en donde el Estado mexicano aplicó medidas para disolver movimientos de oposición política, y en su caso se reabran”, pero también que se solicite “que los medios de identificación y reconocimiento de víctimas sean abiertos y flexibles, lo que permitirá poner al descubierto nuevos datos y personas y no como un decreto definitivo, institucional y riguroso; sino como una verdadera investigación imparcial y objetiva”.
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Concluye destacando que “vivimos en una sociedad que ha sido azotada en los últimos años por una nueva oleada de personas ejecutadas y desaparecidas, e independientemente de que se atribuya el móvil de esos actos a grupos de la delincuencia organizada, su falta de investigación y la dificultad de las personas para tener acceso a la justicia y a una adecuada y pronta investigación nos llevan a deducir la necesidad de que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia redoblen esfuerzos para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos”.
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