Al considerar que el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, por su pasividad ha generado perjuicio del interés público en el municipio de Tlaquepaque, el presidente del Centro de Estudios Pila Seca, Luis Armando Córdova Díaz, interpuso una solicitud de juicio político en su contra.
El proceso fue solicitado con la entrega del documento en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso y en ella se explica que el funcionario estatal por alguna razón que no les explica y pese a contar con la suficiente información no ha judicializado ni ha investigado las denuncias con los números 305/2019 y 117/2020.
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Córdova Díaz manifiesta que que Gerardo de la Cruz Tovar, “mantiene sin movimiento cualquier investigación sobre el enriquecimiento ilícito de María Elena Limón y familiares, que desde hace cuatro años tiene en su poder. Ha sido omiso en solicitar fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación y determinar la vinculación a proceso de María Elena Limón García y familiares por un Juez de Control”.
Tras entregar el documento detalló que es notoria y flagrante la violación a los procesos que con sus conductas ha ocasionado el funcionario “en perjuicio del interés público fundamental de los ciudadanos del Estado de Jalisco, en particular a la del municipio de Tlaquepaque, y del buen despacho de las funciones que le confirieron a su cargo”.
Esta solicitud de juicio político se desprende de las denuncias que se presentaron por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, por adquisiciones que se hicieron en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, de manera irregular, así como la presentada por los delitos de enriquecimiento ilícito en contra de María Elena Limón, en su calidad de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción determinó que había elementos para acreditar la desviación de recursos públicos y que se debería de judicializar la carpeta de investigación 305/2019.
Por otra parte en la investigación 117/2020, se desprende que “existen suficientes elementos de prueba en contra de María Elena Limón, hermanos, hijos, sobrinos por los delitos de enriquecimiento ilícito, por un inexplicable incremento en su patrimonio, todo esto acreditado, en dicha carpeta, que conoció inicialmente la extinta Procuraduría General de la República desde el 2019, misma que desde hace cuatro años conoce e integra la Fiscalía Anticorrupción”, detalló el quejoso.
Las pruebas que están integradas en la carpeta de investigación 117/2020, fueron recabadas por la Procuraduría General de la República, y las pruebas integradas en la carpeta de investigación 117/2020, fueron aportadas por el denunciante, y el Fiscal Estatal Anticorrupción se ha abstenido de Judicializar.
El ex diputado mencionó que el Fiscal Anticorrupción no desahoga las pruebas que aportaron y no hace diligencias para seguir aportando elementos, “pero con lo que hemos presentado es suficiente para judicializar y poder imputar a estos personajes, muchos de ellos lejos de separarlos del cargo están integrando las planillas para el próximo proceso electoral”.
Ante esta situación es que consideran que “es demasiado irresponsable el actuar de estos personajes que deberían de dar un compromiso social muy distinto. De toda la comunidad jurídica jalisciense sin duda hay mucha gente que lo pueda sustituir. Más allá de si tiene argumentos la denuncia que presentamos hoy, que está debidamente estructurada, que tiene probanzas muy claras de dónde ha estado su negligencia”.
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