Presentaron en el Congreso del Estado los resultados del “Diagnóstico sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, durante el proceso electoral en Jalisco 2018”, elaborado por el Centro de Investigación para la Igualdad de Género, A.C. (CIPIG, A.C,), dónde detectaron 33 casos de violencia política y sólo uno de ellos se judicializó, de hecho la afectada asumió la violencia de la que fue víctima como "algo natural" como parte del costo por participar en el proceso electoral.
Puerto Vallarta donde se registra mayor violencia política, consignaron 10 denuncias en este diagnóstico.
La violencia está normalizada, "no se denuncia por temor a represalias a que se les congele la carrera política", advierten que de hacerlo, ya no participan, ni se les toma en cuenta, manifestó Sandra Martínez Díaz Covarrubias de CIPIG.
Con la convocatoria de la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Sofía García Mosqueda, a académicas, colectivos y activistas, así como diputadas, dijo que este diagnóstico, “nos obliga a perfeccionar los mecanismos de intervención para continuar haciendo política en todos los niveles. Sobre todo, ahora que se ha incrementado el número de mujeres que se desempeñan en cargos públicos. Los derechos no se discuten, se aplican”.
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Sandra Martínez y Yoloxóchitl Corona, destacaron que la metodología que se aplicó fue en 200 personas, en 7 talleres en igual número de regiones del estado con la participación de 101 personas, 97 de ellas mujeres; y otros talleres más en cinco municipios, donde acudieron 83 participantes, 70 de ellas del sexo femenino; además de diez entrevistas sobre el tema de violencia política.
Las mujeres a quienes se entrevistó dijeron desconocer a dónde acudir para denunciar la violencia, otras señalaron que les ocultaron información respecto a su participación en el proceso electoral.
Este diagnóstico ayudará a planear mecanismos para erradicar esta práctica, identificando las zonas vulnerables y los factores que la propician.
Las diputadas María Elena Alcaraz Virgen de MC y María Esther López Chávez de Morena dieron su testimonio de que fueron víctimas de la violencia política.
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Propusieron a la legisladora García Mosqueda realizar un taller de capacitación para regidoras que son amenazadas y acosadas por pertenecen a un partido diferente al del presidente municipal.
La consejera del IEPC, Beatriz Rangel Juárez, destacó que el CIPIG realizó un proyecto donde se visibiliza la situación de las mujeres en los espacios políticos al abordar la violencia política de género en la Entidad. “Este análisis arroja las limitaciones de que son víctimas las aspirantes, candidatas y mujeres electas, quienes sufren acoso por el hecho de ser mujer”.
Muriel Salinas Díaz, Subsecretaria de Igualdad de Género de la SISEMH, se pronunció a favor de promover la cultura de la denuncia y de trabajar con las asociaciones civiles en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.
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La magistrada del STJ, Verónica Ucaranza Sánchez, propuso implementar diversos mecanismos de avance para fortalecer la perspectiva de género en la función pública; priorizar temas como: acoso, hostigamiento laboral, cumplir la NOM035 y sensibilizar sobre las nuevas masculinidades, identificando asimetrías en los tres poderes de gobierno,identificando los diversos conceptos de violencia.
El Fiscal de Delitos Electorales, Ricardo Suro Gutiérrez dijo que “es importante visibilizar qué está pasando para erradicar el tipo de conductas que las violentan. Es imposible creer que hoy, las mujeres que ostentan algún cargo público siguen sin tener las herramientas necesarias para denunciar" este tipo de hechos.
