Interpone denuncia de juicio político la empresa Operadora de Parquímetros GA contra de la presidenta municipal con licencia de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, por no garantizar el servicio de parquímetros que les fue concesionado a esta empresa lo que ha generado pérdidas por 219 millones de pesos.
Explicó el apoderado general judicial Héctor Isaac Legorreta Ortega que presentaron la denuncia en Oficialía de Partes del Congreso del Estado que el 25 de agosto del 2015 el Ayuntamiento de Tlaquepaque aprobó autorizar la concesión de dos mil espacios de estacionamiento en el Centro Histórico. Lo que ayudaría dijo a mejorar las finanzas del municipio.
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Sin embargo, en 2016 la alcaldesa con licencia María Elena Limón junto con su gabinete impidieron la operación del servicio con afectación al erario público.
Legorreta acompañado del administrador de la empresa Edgar Iván Ramírez indicó que la inobservancia de la resolución del Juez de Distrito que le ordenó que se operara la concesión que tiene la empresa, sentencia señaló que “ya causó estado y es irrevocable, ha generado pérdidas al municipio que ascienden a los $219 millones 755 mil pesos , lo que se traduce en un daño patrimonial al erario”.
Refirió que por la reiterada violación en este asunto y con daño al erario público, un juez de distrito la denunció por incurrir en desacato en las sentencias donde le ordenaban garantizar el servicio de parquímetros en el centro. Sin embargo, continuó sin hacer caso.
En 2016 sin mayor argumento Limón decide revocar la concesión “nos vamos a un amparo y lo ganamos y desde esa fecha se le exige la restitución “. En ese año modifica la concesión para dejarla en mil espacios. Inclusive en 2018 sufre una modificación la concesión y aún así no permitió la explotación de la misma.
“La presidenta con licencia ha atentado contra el interés público ya que la función política que le fue encomendada es servir a la colectividad y garantizar el estado del derecho, por lo que sus actos arbitrarios han impedido la armonía del desarrollo de los fines sociales como establece la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco”, subrayó Legorreta.