Preparado MCR para el primer debate de aspirantes al Gobierno de Jalisco

Esta conforme y listo el candidato priista, Miguel Castro Reynoso, con los temas y el formato que aprobó el IEPC para el primer debate de aspirantes al gobierno de Jalisco el próximo 13 de mayo, espera sea un ejercicio dinámico y con propuestas.

Con los puntos ya delineados el tricolor dijo no temer guerra sucia o golpeteo, pues “nadie puede temer si no ha hecho cosas inadecuadas, allá él y su conciencia” se refirió a las declaraciones de su contrincante Enrique Alfaro.

“Espero sea un debate lo más dinámico posible porque de entrada no es sencillo, somos 7 que tendrán el mismo espacio” y que todos los aspirantes puedan plantear soluciones concretas y razones de cómo habrán de atender cada tema.

Confirmó Castro Reynoso su participación en el ejercicio al que convoca la iniciativa privada para el 23 de mayo en instalaciones del Tec de Monterrey (campus Gdl.) para un debate más ágil donde la ciudadanía pueda hacer sus cuestionamientos directos a los candidatos.

Sobre el tema de los estudiantes asesinados, reiteró su respeto a las manifestaciones pacíficas y ser solidario con las familias que exigen aclaración de dudas e inquietudes, por lo que celebró la transparencia y rendición de cuentas que anunció el gobernador Aristóteles Sandoval sobre la carpeta de investigación.

Lo anterior, previo a un foro en una institución de educación superior privada donde expuso sus propuestas para combatir la corrupción e impunidad como serían: la autonomía del Poder Judicial, una Fiscalía autónoma, una contraloría ciudadana y que los partidos políticos sean corresponsables de los actos de corrupción de los funcionarios.

“Lo que nosotros proponemos es que cuando un servidor publico o un representante popular cometa un acto de corrupción se pueda imputar al partido político; el partido debe ser garante y que deba responder ante al justicia por los candidatos que promueve” explicó.

Además, crear una unidad de inteligencia que pueda seguir el dinero de los actos de corrupción y la muerte civil de servidores públicos corruptos.