Sociedad civil, academia y activistas pro derechos humanos deberán redoblar esfuerzos de vigilancia y crítica ante la propuesta de la Guardia Nacional para el país, pues se prevé un aumento de violaciones a los Derechos Humanos, opinó el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, del ITESO, Alejandro Anaya Muñoz.

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Para el académico, preocupa el nuevo modelo de seguridad para el país, pues desde que los militares salieron a las calles a realizar tareas de seguridad interior, se han incrementado las ejecuciones, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias, según lo han comprobado distintas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.

“En cualquier conflicto internacional hay más heridos que muertos. Pero en la intervención de las fuerzas armadas en México en las tareas de seguridad hay desproporcionadamente más muertos que heridos”, lamentó.

Anaya destacó que la creación de la Guardia Nacional se trata de una apuesta que anula los incentivos para que se fortalezcan y desarrollen instituciones policiales y de impartición de justicia más sólidas, eficientes, profesionales y competentes, “adiós a aspirar tener policías como las que necesitamos”.

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Además, dijo que la aprobación del Congreso para validar la Guardia Nacional, con la militarización del país, es contraria a la resolución de inconstitucionalidad que emitió la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior, que fue el esfuerzo legal para formalizar la militarización en la seguridad del país por el anterior Gobierno.

“Llevamos ya 12 años de una estrategia militarizada y no se ha solucionado nada en materia de seguridad. Andrés Manuel López Obrador fue ambiguo en ese tema durante la campaña, pero fue muy consistente en su discurso de no combatir el fuego con el fuego, la violencia con violencia. En más de alguna ocasión, explícitamente, criticó al Ejército y su labor en la lucha por la seguridad, y dijo que habría un retiro gradual del Ejército para que tuviéramos otro tipo de acercamiento”, recordó.

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Calificó como una mera simulación el hecho de proponer un mando civil, cuando la operación del cuerpo encargado de la seguridad nacional será militar.

“Todo nos lleva de regreso a la impunidad. En la medida en que el aparato de justicia de México castigue penalmente a los miembros de las fuerzas de seguridad, sean policías o militares, por torturar, desaparecer, etcétera, en esa medida las violaciones van a disminuir”, advirtió.

El contrapeso en todo caso estará en manos del primer Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.