Por pagar obras inconclusas, vinculan a proceso a exalcaldesa de Mexticacán

El peritaje arrojó que solo se cumplió con el 62 por ciento de la obra

Víctor Chávesz | El Occidental

  · martes 4 de julio de 2023

No podrá ser contratada durante un año para realizar obras públicas en el Estado. Foto. Cortesía | Anónimo

Un Juez de Control dictó auto de vinculación en contra de la ex presidenta municipal de Mexticacán, su director de Obras Públicas y una empresa constructora de nombre Torpa, debido a obras no terminadas en el rastro municipal, pero que se pagaron completas.

Nadia Noemí “N”, expresidenta Municipal y Omar “N”, exdirector de Obras Públicas de ese municipio, fueron vinculados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Te recomendamos:

El Juez de Control y Oralidad, Víctor Manuel Vázquez Flores, durante 13 horas escuchó los argumentos y las pruebas presentadas tanto por el agente del Ministerio Público como por los abogados defensores.

Se estableció que durante la administración 2018-2021, la expresidenta Municipal y el exdirector de Obras Públicas de Mexticacán autorizaron el pago de 2.78 millones de pesos a la empresa Torpa, por concepto de remodelación del Rastro Municipal, pero la obra no se concluyó y en cambio sí se pagó completa, por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El peritaje arrojó que solo se cumplió con el 62 por ciento de la obra y por lo tanto faltó por ejercer un millón 44 mil pesos.

Nadia Noemí “N” y Omar “N”, fueron vinculados por otorgar autorizaciones de contenido económico de manera ilícita. Pero además al ex director de Obras Públicas se le agregó la omisión en la obligación de administrar o verificar directamente el cumplimiento de los términos de un contrato.

La empresa Torpa por su parte fue vinculada a proceso por participar o promover el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio público.

Los dos ex funcionarios tendrán que presentarse de manera periódica a firmar y tienen prohibido salir del país sin autorización durante un año.

Mientras que la empresa será intervenida por un contador o interventor designado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para evitar que se desintegre o cambie de razón social en tanto no se concluya el proceso judicial y no podrá ser contratada durante un año para realizar obras públicas en el Estado.