En lo que va del Gobierno Gederal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han violentado de manera “atroz” los derechos internacionales de las niñas, niños y adolescentes, se les han retirado apoyos en temas sensibles como salud, educación y alimentación, denunció la diputada federal por Jalisco, Celenia Contreras.
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En entrevista con EL OCCIDENTAL, la diputada emeceísta aseguró el retirar los apoyos a las estancias infantiles en Jalisco tan sólo ha afectado a nueve mil menores, así como a centros de trabajo y pérdida de empleos por las estancias infantiles que han tenido que cerrar sus puertas y los padres de familia ya no tienen lugares seguros para que cuiden a sus hijos.
“Hay muchas situaciones que atropellan su salud, su integridad, no contar con comedores comunitarios, más de la mitad de los beneficiarios eran niños. Se está atropellando sus derechos, nosotros estaremos dando la batalla pro ellos, su voz sera escuchada, sus necesidades a través de nosotros no vamos a permitir más recortes presupuestales”, mencionó.
Y aunque se ha resuelto suspenciones definitivas por el Poder Judicial en los amparos interpuestos por estancias infantiles en otros estados como Chihuahua que ya sentaron jurisprudencia, el proceso de los amparos de Jalisco continua “tenemos plena certeza el programa de instancias infantiles regresará y se quedará”, aseguró Contreras.
Aunque los apoyos que entregaban por niño se supone se entregan a los padres de familia, la realidad es que son muy pocos los que han sido censados y no hay certidumbre de los supuestos padrones de beneficiarios.
“No sabemos a dónde van los datos que recolectan, los nuevos padrones no se han hecho de la manera adecuada, se focalizaban afuera de las estancias infantiles recababan nombres de algunos padres que pescaban; pero no se ha hecho trabajo como debería ser”, dijo la diputada.
Por ejemplo en una instancia infantil con 37 niños, ni la mitad está dentro del padrón porque el resto no ha sido censado, “aquí existe un hoyo negro, deficiencia en procedimientos nos queda claro que no tienen capacidad para hacer un censo”.
Los padres que no han sido censados o aún no reciben el dinero, dejan a sus hijos con vecinos, parientes o los llevan al centro de trabajo poniendo en riesgo su vida, su salud.