Ante el hostigamiento y acoso sexual de la que son víctimas las “Toritas” (agentes de movilidad), el diputado del PRD, Gerardo Quirino Velásquez, propuso aumentar penas de dos hasta seis años de prisión.
Chécalo:
“El que con fines o móviles lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas, o cualquier otra, que implique subordinación de la víctima”.
Expuso como antecedente que la plantilla de personal operativo de la Secretaría de Transporte asciende a más de 400 mujeres. El informe Ser mujer en Guadalajara, elaborado por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, advierte que en el Área Metropolitana de Guadalajara 74% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado violencia física, emocional y sexual y 62% ha vivido algún tipo de acoso en la vía pública.
No dejes de leer:
Actualmente el hostigamiento se sanciona de dos a cuatro años de prisión; el acoso sexual de uno a cuatro años de prisión.
A ello, señaló el legislador se agrega que cuando la víctima es servidora o servidor público en el ejercicio de sus funciones se le aumentará la pena en una mitad.
Y si el victimario es servidor público en el ejercicio de sus funciones también se le aumentará la pena en una mitad.
Podría interesarte: Contaminación en Puerto Vallarta duraría meses
Se incluyen en su propuesta las tecnologías de la información como medio para cometer el acoso, “permite visibilizar y proteger a las víctimas que se ven afectadas por personas que enviando mensajes, fotografías, llamadas y peticiones con fines o móviles lascivos la asedia o acosa sexualmente”.
Conoce más…
- La iniciativa contempla la inclusión enunciativa de: el uso de las tecnologías de la información como medio para realizar el hostigamiento o acoso sexual.
-Se le aumentará en una mitad la pena prevista, cuando la víctima sea servidor o servidora pública en el ejercicio de sus funciones. Se le aumentará en una mitad la pena prevista cuando el victimario sea servidor público en el ejercicio de sus funciones.
