Derivado de las denuncias que se han presentado sobre violaciones a los derechos laborales básicos de los Servidores de la Nación, la diputada federal de Morena Laura Imelda Pérez Segura presentó un punto de acuerdo, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la coordinación general de Programas Integrales del Desarrollo del Gobierno Federal conozca y atienda esta situación.
La legisladora por Jalisco dijo que a través de testimonios en medios informativos y acercamiento con ella, es que se documentaron las diversas denuncias de los afectados, quienes han reprochado la falta de respeto a sus garantías individuales.
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“Su situación laboral actual no es la mejor, ni la justa para la labor que desempeñan, ya que están bajo un contrato como prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal eventual, situación que ha dado lugar a distintas irregularidades laborales”.
Detalló que entre las denuncias se encontraron quejas por jornadas excesivas de trabajo, violencia laboral, condiciones deplorables en sus espacios de trabajo, así como una opaca delimitación de sus competencias laborales.
Recordó que algunas de las funciones de este personal se centran en el levantamiento de información, a través de trabajo de campo en todo el país; apoyo a tareas administrativas y de logística; asesoría en módulos de atención; y actividades encomendadas mediante las delegaciones de Programas para el Desarrollo en todo México. Esto claro, añadió, sin dejar de lado el apoyo que prestan en la estrategia de vacunación contra el Covid-19.
“Atendiendo a su llamado es de nuestro interés impulsar el presente recurso que tiene como objeto exhortar al recién nombrado coordinador general de Programas Integrales, para que en coordinación con la Secretaría del Bienestar clarifiquen y mejoren el esquema laboral de los Servidores de la Nación, así como las tareas específicas de su competencia con el fin de brindarles estabilidad laboral, prestaciones y jornadas laborales de ley con ambiente y trato digno”.
También, en el acuerdo se exhorta para incorporar procedimientos administrativos claros en contra del hostigamiento y acoso laboral del que pudieran ser sujetos, a fin de demostrar que se tiene un gobierno justo y responsable.
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