Integrantes de diversas asociaciones y sindicatos afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) exigieron reconsiderar el incremento a 7% de las pensiones a jubilados y pensionados, pues el autorizado por el Consejo Directivo es del 3.38%.

En rueda de prensa conjunta, un colectivo de siete asociaciones además de pronunció en contra del saqueo permanente en el Ipejal, donde afirman que cambia el Consejo Directivo, pero desde hace varios años vienen realizándose prácticas irregulares, como la compra de un predio de 89 millones de dólares en Chalacatepec en 2009, los 349 millones de pesos en la construcción de la Villa Panamericana en 2011 y los 603 millones de pesos en la empresa española Abengoa en 2014.

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Advirtieron que de no recibir respuesta oportuna por parte de las autoridades estatales, podrían salir a manifestarse, además de que buscarán reformar la Ley de Pensiones, a fin de que incluya dentro del Consejo Directivo a las diferentes instituciones afiliadas, independientemente de la representación sindical.

“A todos nos preocupa de sobremanera la grave situación por la que atraviesa el Instituto de Pensiones y nos convoca la defensa de nuestro patrimonio. En esa perspectiva, hemos venido realizando acciones para luchar por la defensa de ese patrimonio, queremos ponerle un alto definitivo, contundente, seguro, normado y organizado al enorme saqueo que ha sufrido el patrimonio del Ipejal, a la corrupción, a un conjunto de decisiones totalmente irregulares e irresponsables que han venido afectando al fondo de pensiones”, afirmó Juan Flores Vázquez, miembro del Movimiento 19 de abril de 2018.

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La exigencia de representantes de trabajadores, así como de pensionados y jubilados fue además la de realizar una auditoría externa que publique resultados en máximo tres meses, que se finquen responsabilidades a quienes han incurrido en actos irregulares desde 2009 a la fecha y que de manera inmediata renuncie el presidente del Consejo del Ipejal, el director del Ipejal y el director de Finanzas de la institución, quienes permitieron que Artemio González y Víctor Correa, ex director de Servicios Médicos y ex coordinador de Salud, presuntamente realizaran el fraude en el área médica..