El ser funcionario de casilla durante un proceso electoral no siempre da resultados positivos, tal es el caso de María Del Refugio Chacón Zacarías, presidenta de la mesa de casilla 2532 ubicada el municipio de Tlaquepaque, quien tuvo una lesión durante un tumulto y ahora las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindan del problema.
La afectada menciona que ya presentó una queja formal ante las instancias correspondientes debido a varios incidentes que afectaron el desarrollo del proceso electoral en la sección 2532 y tras los cuales tuvo una lesión.
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Todo comenzó cuando el “Capacitador-Asistente Electoral asignado a la casilla se presentó en estado de ebriedad, lo cual retrasó la instalación de la mesa de votación”, situación que como en muchas partes del país provocó que las personas formadas en la fila comenzaran a molestarse.
Tras lo cual intentó explicar a los ciudadanos cuál era el motivo del retraso, pero esta explicación obtuvo como respuesta insultos y protestas, al ver como se comenzaba a elevar los ánimos, intentó cerrar la puerta de la casilla para controlar la situación pero fue agredida físicamente por los ciudadanos, resultando con golpes en la cadera y las costillas del lado derecho.
El Supervisor Electoral que acudió se limitó a calmar a los ciudadanos sin registrar oficialmente el incidente, aunque se detuvo a este funcionario por el estado en el que acudió a la casilla. Al finalizar la jornada, la presidenta comenzó a tener dolor en las áreas golpeadas y días después, al buscar atención médica, le diagnosticaron fractura de costillas, esguince de columna y contusión simple.
Por lo que se dirigió a las oficinas del INE en Guadalajara, donde no recibió la atención adecuada para su queja, alegaban a su vez que era la primera vez que ocurría un incidente de este tipo.
La presidenta de casilla ha solicitado al INE la reparación de los daños sufridos y acceso a atención médica, argumentando que dichos eventos ocurrieron mientras desempeñaba sus funciones oficiales.
La queja formal incluye pruebas documentales: nombramiento oficial, cartas de notificación, informes médicos y recibos por los servicios de salud requeridos tras la agresión.
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