Tras el arresto y detención de 67 personas por actitudes violentas, cinco de las cuáles fueron enviadas ante un agente del Ministerio Público, el gobierno de Jalisco sostiene que mantiene diálogo con trabajadores del reciclaje con irrestricto apego a los derechos humanos.
Los cinco días de ocupación de la zona -se informa en un comunicado- “se ha mantenido el diálogo en todo momento con los integrantes de la manifestación de trabajadores de reciclaje que desde hace cinco días tienen presencia en el exterior de Palacio de Gobierno”.
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Desde el ejecutivo del Estado, se insistió en que siempre se ha privilegiado el diálogo “con las y los miembros del Sindicato de Pepenadores de Jalisco, y sus representantes, así como con autoridades municipales con la finalidad de llegar a acuerdos que beneficien a toda la ciudadanía, la movilización de inconformes efectuada este lunes fue atendida personalmente por el subsecretario del interior, Salvador de la Cruz quién se acercó a los líderes con la intención de llegar a acuerdos”.
El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, se insistió, es quien ha estado al frente de este diálogo que incluye a las autoridades municipales, todo con la finalidad de llegar a soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
Personal de la subsecretaría del Interior de Jalisco también, insiste el comunicado, se acercó en repetidas ocasiones con los líderes para pedir que se mantuviera el acuerdo de no obstaculizar las vialidades aledañas como parte de sus consignas, siempre respetando el derecho a su libre manifestación.
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Pero -aclararon- “Los manifestantes se rehusaron a respetar dicho acuerdo, hostigando a las y los automovilistas que transitaban por la mañana en las avenidas principales del municipio de Guadalajara”.
Sobre los hechos la versión oficial es que “este lunes en la Plaza de Armas, y en el cruce de la Avenida Juárez y la calle Corona, en el Centro de Guadalajara, un grupo de manifestantes obstruyó la vialidad, por lo que luego de solicitarles que se reabriera la misma, estos se tornaron agresivos con el personal operativo de la Policía del Estado y la Policía Vial, por lo que fue necesario realizar una extracción de las personas con conductas violentas, reportando un total de 67 personas puestas a disposición de las autoridades competentes”.
Confirmaron que de de esas 67, un total de 62 fueron remitidas por faltas administrativas a los Juzgados Municipales y cinco más, como presuntos responsables de delitos, fueron enviados ante la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.
Se insistió en que “los policías actuaron en todo momento con irrestricto apego a los derechos humanos, preservando las garantías individuales de las personas, tal y como lo marcan los protocolos de actuación policial” y termina diciendo que “se reitera el respeto al derecho de la libre manifestación de todas y todos los jaliscienses, privilegiando el diálogo respetuoso y ordenado, sobre cualquier expresión que genere violencia”.