Por no garantizar el derecho constitucional a la salud, debido al incremento de contagios por Covid-19 en centros penitenciarios, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco presentó una queja en contra del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, y demás autoridades responsables ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ); en ella, piden la aplicación de pruebas rápidas a todos los reclusos.
La presidenta del PAN Jalisco, Pilar Pérez Chavira, se dijo preocupada por cómo van en aumento los contagios en el penal de Puente Grande, pues hasta este domingo la cifra ya alcanzaba los 81 casos confirmados.
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Lamentó que pese al panorama, las autoridades no actúen como corresponden, pues solo han aplicado pruebas de manera aleatoria entre los reclusos, a pesar del riesgo que implica tener casos asintomáticos que solo agraven la situación al interior de los centros penitenciarios.
Lamentó que pese al panorama, las autoridades no actúen como corresponden, pues solo han aplicado pruebas de manera aleatoria entre los reclusos, a pesar del riesgo que implica tener casos asintomáticos que solo agraven la situación al interior de los centros penitenciarios.
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"Pedimos como partido, a través de esta queja, que se realicen las pruebas obligatorias a todos los reclusos, incluyendo también al personal que labora en dichos centros. Esto, como una medida para garantizar el derecho constitucional a la salud y el cual están poniendo en riesgo, al no estar haciendo esta estrategia que se ha recomendado".
Para esto, agregó, piden que el Gobierno estatal colabore con la Universidad de Guadalajara (UdeG) a fin de que se aplique de manera inmediata un modelo de detección de pruebas rápidas y atacar el problema interno.
También, solicitaron que se implementen las medidas correspondientes de seguridad al interior de los talleres en donde se realizan los cubrebocas, pues todos estos insumos se reparten a la ciudadanía o son utilizados por personal operativo del estado.
"Nosotros estamos solicitando que se proteja la salud de los que en este momento están en ese complejo penitenciario (Puente Grande), porque entendemos que están ahí como parte de un proceso penal. Nosotros estamos tratando de impulsar la protección al derecho de la salud de los reclusos y de las personas que ahí laboran, en independencia del procedimiento en el que vaya cada uno de sus asuntos", agregó.
La queja ya fue presentada a la CEDHJ el jueves pasado de manera electrónica, ese mismo día recibieron el acuso de recibo y en ella no solo se señala al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sino a los directores de los Centros de Readaptación Social, del Reclusorio Preventiva del Estado de Jalisco, del Centro Preventivo y de Readaptación Femenil y el Centro de Readaptación Social en la entidad.
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