La Zona Metropolitana de Guadalajara ha crecido sin una planeación ordenada, lo que ha traído como consecuencia una proliferación de problemas para las comunidades que han ido formándose al margen de la mancha urbana.
Prueba de ello, son las más de 68 mil viviendas abandonadas en Tlajomulco que podrían llegar a ser demolidas ante la situación de inhabitabilidad en las que se encuentran ante la falta de servicios básicos y transporte público para un gran número de familias que, buscando hacerse de un patrimonio, decidieron invertir en esos desarrollos que como ha sido consignado una y otra vez no cumplían con los requisitos mínimos para otorgar a sus habitantes la calidad de vida por la cual estaban pagando.
Lamentablemente, no se trata de un caso privativo de ese municipio. Prueba de ello, es la situación en la que se encuentran los vecinos de los fraccionamientos Santa Martha y Vistas del Pedregal, en los límites entre Tonalá y Zapotlanejo, quienes cada vez que salen de sus hogares para realizar sus actividades cotidianas deben pagar el costo de dos casetas de peaje operadas por la Red de Carreteras de Occidente para poder transitar sobre la autopista a Zapotlanejo en dirección a Guadalajara.
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Sergio Álvarez, representante de los vecinos afectados, relató a este medio como es que han emprendido una lucha fatigosa e infructífera para lograr apenas lo mínimo garantizado en el Artículo 11 de la Constitución: libre tránsito.
“Se trata de más de dos mil 800 familias que se ven afectadas por las casetas. Empezaron a operar en 2011 y en ese entonces la RCO (Red de Carreteras de Occidente) accedió a brindar un programa de engomados para que los vecinos pudieran evitar este pago, pero se realizó de manera discrecional y pidiendo muchísimos trámites. A todos los que compraron su casa después de esa fecha ya no los incluyeron y por fuerza tienen que pagar para poder salir del Fraccionamiento”.
Los colonos afectados han intentado obtener una solución ante las tres instancias de Gobierno, sin embargo, a pesar de los múltiples oficios y reuniones que han sostenido desde hace más de cuatro años con distintos funcionarios no han logrado que nadie les de alguna certeza al respecto.
“Imagínese, a veces pedimos que vengan servicios públicos como la perrera, alumbrado público o hasta recolección de basura, y nos dicen que sí, pero que nosotros tenemos que pagarles las casetas, y son servicios que nosotros ya pagamos con nuestros impuestos”.
Si bien existe otra ruta de ingreso a los fraccionamientos por el Camino al Vado, un camino sin pavimentar y sin iluminación, ello únicamente exenta a los vecinos de pagar una caseta, es decir, que cualquier vehículo (incluyendo unidades de transporte público y proveedores para los negocios de la zona) que salga de estos desarrollos habitacionales debe por fuerza pagar para poder hacerlo.
Las casas siguen construyéndose y habitándose, aumentando con ello al número de afectados por esta situación. “El día domingo nos vamos a manifestar afuera de la Clínica 93, porque ya estamos cansados de que nadie nos solucione nada”, señala Sergio Álvarez.
Pensemos en números conservadores, y asumamos que cada familia que vive en estos fraccionamientos se desplaza junta en un solo viaje a realizar todas sus actividades fuera de su colonia. Si decide utilizar la autopista para mayor rapidez y seguridad, deberá pagar 74 pesos diarios, lo que al mes equivale a dos mil 220 pesos y al año, solo para poder trasladarse a la cabecera municipal, deberán desembolsar 26 mil 640 pesos. De esa magnitud es el problema.
“Ya hablamos con las autoridades municipales, en su momento con el delegado Carlos Lomelí, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta con la CNDH, y nadie nos resuelve nada”, señalan.
Cansados ante la falta de solución, los vecinos han pensado ya en emprender acciones más significativas como el plantón que han programado para este domingo en una de las arterias principales de Tonalá, y al final de cuentas, su demanda es simple, que nos les cueste salir a estudiar o trabajar.