La creciente corriente de padres de familia que se niegan a someter al sistema de vacunación a sus hijos, lo que ha generado el regreso de enfermedades como el sarampión, lleva a pensar en que la ley debe de cambiar y que la vacunación no solo sea un derecho, también una obligación.

Fue la diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) propuso reformar la Ley General de Salud para instituir el derecho y obligación de toda persona residente en territorio nacional a recibir de manera universal y gratuita 14 vacunas.

Destacó que varias enfermedades que se consideraban erradicadas de México resurgen, entre otras razones, por movimientos antivacunas con motivación religiosa y política provenientes de otros países, sostuvo en un comunicado.

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La diputada perredista calificó de “terrible retroceso” este resurgimiento de enfermedades, ya que constituyen una violación a los derechos de la ciudadanía, en general, y de la niñez y otros grupos vulnerables, en particular, pues se enferman por el rechazo de ciertos actores sociales a las vacunas.

Puso como ejemplo Estados Unidos, con el cual México tiene elevado intercambio de personas, por ejemplo, las creencias políticas y religiosas son usadas legalmente para evitar el derecho a la vacunación y ello derivó en su pérdida de estatus de país libre de sarampión en 2019, cuando se registraron mil 282 casos.

Similar fue lo ocurrido en Europa, donde se registraron 13 mil 207 casos de esa enfermedad, lo que orilló a gobiernos como el francés y el italiano a adoptar severas medidas legales, como multas y prohibición de acceso a la escuela, para obligar a que se vacune a los niños.

Alcalá Padilla consideró necesario adoptar medidas similares en nuestro país y específicamente propuso reformar los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 5 para precisar que la vacunación universal y gratuita en cualquier dependencia pública federal o local del Sistema Nacional de Salud no sólo es un derecho, sino también una obligación.

Las 14 vacunas obligadas serían contra difteria, hepatitis A y B, influenza estacional y tipo b, infecciones neumocócicas, parotiditis, poliomielitis, rotavirus, rubéola, tétanos, tosferina, tuberculosis, varicela, papiloma humano y contra el dengue.

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Argumentó que mediante la explicitación del derecho y obligación a estas vacunas desde la ley también se pretende evitar que futuras administraciones las impidan por sesgos políticos o ideológicos, pues impactarían en la salud de la población, pero también en los recursos públicos, las instituciones implicadas, la seguridad nacional y la gobernabilidad.

Finalmente detalló la legisladora que impedir la vacunación para prevenir enfermedades de carácter epidémico impacta en las condiciones de bienestar de la población, particularmente en grupos vulnerables, resultando en muchas ocasiones en consecuencias fatales o que dificultan las condiciones de pobreza en las que ya viven muchas de estas personas.

La obligatoriedad de vacunas en la ley -resaltó la diputada federal por Jalisco- es un paso necesario basado y respaldado en una historia de trabajo, información e investigación suficiente, que ciertamente puede ser modificado en el futuro, si se requiere, para ciertas enfermedades y vacunas, pero siempre privilegiando la salud.

“Por lo tanto, darle garantía a una cuestión que ya opera en la práctica, consolida la política pro-vacunación que el Estado Mexicano ha sostenido por décadas, el cual tendrá que ir acompañado de mecanismos que garanticen las aplicaciones totales de los esquemas o programas de vacunación que se deriven de esta ley”, terminó.