A partir de que sea notificado el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tendrá tres horas para bajar todas las publicaciones que ha hecho en las redes sociales para difundir sus acciones de gobierno y programas, tal como lo ordenaron los consejeros de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tras un que queja interpuesta por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en donde denunciaban la violación a la veda impuesta por el propio INE desde el 15 de julio con motivo de la consulta popular nacional que se llevará a cabo el próximo dingo uno de agosto.
La queja de Morena contra Enrique Alfaro y otros funcionarios de Jalisco es por las publicaciones realizadas el 22 y 26 de julio en las redes sociales del mandatario en las que se destacan logros de su administración, por lo que solicitaron la suspensión inmediata de dichas publicaciones. Esta no es la primera vez que se le ordena hacer este tipo de acciones, aunque la vez pasada gano en tribunales.
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Según los consejeros de la Comisión de Quejas, las publicaciones contravienen la disposición constitucional que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de la Consulta Popular, porque el contenido está relacionado con logros de gobierno como proyectos “apoyo a las mujeres con el pasaje de transporte público para mujeres trabajadoras, jefas de familia” y programas realizados para la organización de cooperativas en el campo para las mujeres trabajadoras del campo o capacitación para operadoras de transporte público, entre otros.
Es por eso que consideraron procedente emitir la medida cautelar y ordenó al Gobernador para que en un plazo no mayor a tres horas (una vez que sea notificado oficialmente), realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones denunciadas.
A esta resolución se vincula al secretario General de Gobierno, enrique Ibarra quien tiene como una de sus atribuciones emitir las comunicaciones oficiales del Ejecutivo del estado.
Además se indica que la decisión de los consejeros de esta comisión es congruente con las medidas cautelares que se impusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Tamaulipas, por emitir propaganda gubernamental durante el periodo de difusión de la Consulta Popular.