La consulta para ver si se enjuicia o no a los ex presidentes, será un fracaso, advierte la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, quien cuestiona el costo de 500 millones de pesos contra el poco interés que ha despertado el ejercicio en los ciudadanos que “no están interesados en una consulta cuyo fin es el engaño y la manipulación”.
La legisladora destaca que “Morena busca desacreditar al INE o crear una Comisión de la Verdad, cuando lo que deberían hacer, si tienen pruebas, es presentar las denuncias correspondientes”.
La consulta, dijo, servirá de pretexto para que, de aquí al 2024, Andrés Manuel monte una estrategia discursiva para influir en la elección presidencial en favor de Morena”.
Juárez Piña rechazó la Consulta Popular que promueve el presidente de la República porque no busca un afán de justicia, sino desviar la atención sobre los graves problemas del país que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no ha sido capaz de resolver.
La Diputada Verónica Juárez Piña sostiene que la consulta “no es un ejercicio que busque realmente la participación ciudadana sobre las decisiones públicas, sino que tuerce los objetivos de la democracia participativa con afán político.”
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Denuncia que ante “el fracaso que se vislumbra, por el poco interés de la sociedad que se percata del engaño, ahora Morena y el presidente buscan desacreditar al INE y proponen crear una Comisión de la Verdad, cuando lo que deberían hacer, si realmente tienen pruebas, es presentar las denuncias ante las instancias de procuración e impartición de justicia.”
Considera como “irresponsable gastar más de 500 millones de pesos en una consulta que no llevará a ningún lado, cuando el país tiene problemas urgentes que atender, como el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer.”
Recuerda que el PRD fue impulsor de la reforma constitucional y de la Ley Federal de Consulta Popular y el primer partido en promover un proceso de consulta, sobre la reforma energética de 2014.
Fue frenado el ejercicio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el pretexto de que contrariaba el artículo 35 de la Constitución, que prohíbe que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado,
El proyecto, que rechazaba entonces la constitucionalidad de la pregunta, fue presentado por la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero, quien ahora promueve con entusiasmo una consulta cuya pregunta tuvo que ser modificada por la SCJN para ser declarada constitucional, pero quedó tan ambigua que no alude en lo más mínimo a quienes supuestamente se busca sancionar por presuntos delitos del pasado.
Adelanta que la consulta con duras penas alcanzará el 40% por del padrón, aproximadamente 37 millones de personas, para ser vinculante, “porque las y los ciudadanos están más interesados en que el gobierno resuelva los problemas del país, que en una consulta cuyo fin es el engaño y la manipulación.”