México carece de medidas preventivas con respecto al feminicidio, además de que el delito es definido de una forma diferente en cada entidad definitiva, por lo que urge su homologación para que tenga procedibilidad, judicializado y llevado a los tribunales.
En el último sexenio aumentó en 145 por ciento el numeró de mujeres asesinadas en el país. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Michoacán y Jalisco tienen el mayor número de casos.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, menciona que, aunque este delito tienen un vínculo directo con la violencia de género y entornos familiares, la situación de inseguridad ha propiciado que “las mujeres se hayan convertido en un blanco fijo para el crimen organizado, mediante las redes de trata y las narcorevanchas entre bandas criminales en las que secuestran y torturan hasta darle muerte a las parejas o familiares de otra célula del crimen, para enviarles mensajes de guerra mediante semejante acto”.
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Sapien Sántos se pronunció por adecuar el marco jurídico que homologue a nivel nacional los criterios para investigar y castigar el delito de feminicidio: “Es sumamente importante destacar la falta de fortalecimiento de las instituciones a nivel estatal y municipal para que adopten mecanismos coordinados en el abatimiento del delito”.
Agrega: “Urge crear y promover marcos normativos homologados, políticas públicas, mayor enfoque educativo, también trabajar en la supresión de contenidos televisivos violentos en donde se muestra a capos del crimen organizado sometiendo mujeres en distintos ámbitos que van desde el laboral, sexual, imponiéndoles regímenes de conducta que tienen que llevar a cabo, porque ellos son los patriarcas, los dueños del poder y todo eso genera un mal enfoque sobre todo en nuestra niñez y en nuestros jóvenes”, enfatizó.
El avance en la creación de fiscalías para abordar el feminicidio, subrayó que resulta insuficiente con respecto al nivel de impunidad “por lo que la rendición de cuentas y el trabajo en la prevención del delito resultan fundamentales, ya que algunas veces las instituciones encargadas de impartir justicia minimizan las denuncias por violencia intrafamiliar o de género y posteriormente son las mismas que se tienen que encargar de abrir una indagatoria por feminicidio del mismo caso que dejaron sin sanción alguna”.
En el primer semestre del presente año se registraron 489 feminicidios en el país, lo cual representa un crecimiento del 9.2% si se compara con el mismo lapso de tiempo del año pasado, dejando en claro que ni siquiera el aislamiento sanitario derivado de la pandemia por Covid 19, pudo funcionar como un mecanismo de contención para evitar que se cometieran más crímenes de esta índole.
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