Dependerá de la Fiscalía Estatal y del Registro Civil del Estado contar antes del proceso electoral con la Base Estadística de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y un Padrón de Deudores Alimentarios para el registro de candidaturas.
En la Reforma Constitucional en materia electoral y en el Código Electoral del Estado quedó establecido que la elegibilidad de candidatos a Gobernador, diputados y munícipes no deberán tener sentencia por violencia política contra las mujeres en razón de género y no ser deudores alimentarios.
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En 60 días el Congreso del Estado tendrá que fijar las reglas de cómo debe darse esta base de datos en la Fiscalía Estatal, refirió la diputada, Sofía García Mosqueda, presidenta de la Mesa Directiva.
La Fiscalía del Estado tiene ya la obligación de crear el Banco de Datos en temas de violencia hacia las mujeres y ahora se le agrega por violencia política por razón de género.
"La diputada local, Mirza Flores presentó una modificación al dictamen porque ya venía como tenía que realizarla y al parecer primero quieren ponerse de acuerdo con la Fiscalía", agregó la diputada García Mosqueda.
En cuanto a los deudores alimentarios, a la fecha no se tiene un registro del padrón "¿cómo vamos a llevar a cabo la reforma electoral de sí es deudor alimentario sino se tiene la base completa de quiénes son los deudores?, por lo que se le está haciendo la exigencia al Registro Civil de que tenga completa esta base, que debe tenerla antes del proceso electoral para llevar a cabo el registro de candidaturas".
No les pareció (MC) como tenían que hacerle, "yo le veo por ahí y dijeron vámonos sentando con la Fiscalía y en un plazo de 60 días les decimos cómo llevarlo a cabo, pero es un hecho".
Actualmente tiene que llevar un registro de violencia contra las mujeres, pero ahora se le agregó por violencia política y tendrá que incluir georeferenciar, hasta la consecuencia de cada una de las denuncias, "de que lo tienen que hacer lo tienen que hacer", sostuvo la legisladora.
Hoy en día la Fiscalía tiene la obligación de contar con una base de datos de las medidas cautelares o de las órdenes de protección y no se ha tenido y "ha sido una exigencia mía desde que estoy en el Congreso de que se tenga actualizada".
"Yo lo que les digo, aquí las leyes estamos aplicando cosas que si se llevaran y ejecutaran al pie de la letra, otra cosa sería ".