Debido a la situación económica actual que atraviesan, a causa de la pandemia por Covid-19, el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ) rechazó la iniciativa recientemente aprobada en el Congreso del Estado, con la cual se deberá garantizar accesibilidad universal en todas las unidades del transporte público.
El secretario general del sindicato, Arnoldo Licea González, explicó que por el momento es poco viable, económicamente hablando, que todas las unidades cuenten con rampas, pues aunado a la crisis que ha traído la contingencia, le deben entrar a la renovación del parque vehicular ya que a partir del 2021 aquellas que estén fuera de norma saldrán de circulación.
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"Son más de 2 mil camiones y hasta donde tengo conocimiento todos estos empezarán a salir de piso a partir de enero. Todos los camiones que estén fuera de norma ya no podrán circular, es un tema que se venía hablando por muchos años, y esto para muchos empresarios va a ser lamentable, pero así es".
Aseguró que no están en contra de la mejora del transporte público, pues incluso presentaron una propuesta para censar a las personas con discapacidad que necesiten moverse por la ciudad, a fin de proporcionar un servicio más personalizado, no obstante, reiteró que con la renovación y la pandemia, la iniciativa se aprobó en un momento poco conveniente para transportistas.
Esto último, añadió, especialmente porque con la renovación muchos no podrán seguir prestando el servicio -por no tener dinero para comprar nuevas unidades-, y otros más adquirirán menos, a falta de suficiencia presupuestal por la reducción en la demanda del transporte público (casi en un 50 por ciento, aseguró) debido a la contingencia.
"Con el tema de las rampas, en este preciso momento, se sale de todo contexto. Si estamos hablando que se van a ir los transportistas y van a dejar de prestar el servicio porque ya no tienen dinero para pagar los camiones, no me le pongas 500 mil pesos más al camión (para la rampa), o sea, no se puede. Creo que en mal momento llegó esta ley, ojalá hubiera sido en otro tiempo cuando había recursos".
Cada unidad nueva tiene un costo aproximado de un millón 900 mil pesos, por lo cual llamó a las autoridades a considerar la no aplicación de las recientes reformas a la Ley de Movilidad en torno a la accesibilidad universal del transporte público.