A casi 3 años del hallazgo del tráiler con frigorífico con cadáveres circulando en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Junta de Coordinación Política tocó el tema para aprobar la comparecencia del Fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar y de la Contralora Estatal Teresa Brito Serrano para que informen sí existen irregularidades en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
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Los Presidentes de las Bancadas de MC,PAN, PRD, PVEM Y PT la votaron a favor y el PRI se sumó con la salvedad de que en el Pleno propondrá otros temas que se incluyan en el acuerdo y Morena se abstuvo.
La propuesta de la comparecencia es del diputado Salvador Caro Cabrera.
El acuerdo establece que Tovar y Brito informen si hay irregularidades detectadas en el IJCF, en especial la falta de aplicación de protocolos de identificación de personas y el resguardo de personas fallecidas sin identificar en cámaras frigoríficas durante el ejercicio de Luis Octavio Cotero Bernal como director general de dicho Instituto.
En caso positivo, informen el Estado que guardan las mismas.
La comparecencia se desarrollará en los siguientes 15 días de aprobado por el Pleno.
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El 17 de septiembre del año 2017, se realizó el hallazgo de un tráiler frigorífico circulando por las calles de varios municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, llevando en su interior cuerpos en descomposición, que se encontraban bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Mario Rivas Souza, cuyo director general era en ese momento Luis Octavio Cotero Bernal.
Cita el acuerdo:" esta fue la punta del iceberg que destapó el cúmulo de atroces irregularidades con las que se estuvo dirigiendo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Mario Rivas Souza durante el periodo de su encargo, violentado los derechos humanos de personas fallecidas, de sus familiares y pasando por alto las disposiciones y protocolos mínimos que la ley exige".
Indica que se debió presentar un informe trimestral sobre las actividades del Instituto; con base en esta atribución, debió hacer del conocimiento de forma trimestral en su caso, de las inconsistencias ocurridas en su función, sin embargo, no existe constancia de que formalmente haya informado a la Junta de Gobierno, "más que de forma verbal, y a sabiendas de las irregularidades, continuó desempeñándose de forma anómala, permitiendo que existiera un atraso en el registro de personas fallecidas, de quienes no se tenía un control de toma de muestras y de las que sin el más mínimo protocolo de ingreso, mantuvieron sus cuerpos en cámaras frigoríficas sin una debida identificación".
Añade el acuerdo legislativo: "El funcionario de marras ha dicho públicamente haber hecho del conocimiento dicha situación de sus superiores, pero no evidencia haber utilizado los cauces formales e institucionales como la ley lo señala, ni de que aún con ese conocimiento de las anomalías su proceder haya sido siquiera cercano a lo que la ley le mandata, con los recursos presupuestales necesarios, dado que el control de registros de cadáveres no se llevó de forma adecuada, respetando los protocolos a los que legalmente están obligados en materia de identificación; por el contrario, ocultó los cuerpos en un tráiler que estuvo circulando por toda la ciudad y del que no se tenía un registro adecuado, prolongando de forma criminal y negligente la agonía de los familiares de los fallecidos que los buscaban de forma desesperada".
Al no contar el Instituto con tomas de muestra genética, era mínima la posibilidad de poderlos identificar con un mayor tiempo transcurrido.
" Solamente hasta que el entonces director general del Instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, fue cesado de sus funciones, fueron detectadas las anomalías que se han reseñado, lo que hasta ese momento permitió hacer protocolos de identificación adecuados, realizando exhumaciones y entregas de cuerpos a los familiares", establece el acuerdo legislativo.
Subraya que es "patente la falta de aplicación adecuada de protocolos de identificación de personas conforme al Protocolo para el tratamiento e Identificación Forense de la Procuraduría General de la República, y aún más, el incumplimiento del registro de acuerdo a la guía o formulario interno del propio Instituto".