Porque representan una competencia desleal y contraen otra serie de problemas en perjuicio de la misma ciudadanía, la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas y el diputado local del PT, Óscar Arturo Herrera Estrada, exhortaron a autoridades estatales a combatir la proliferación de este tipo de vehículos que operen en la irregularidad.
El presidente de la asociación, Enrique Dueñas, aseveró que la regulación que pretenden impulsar diputados emecistas, desde el Congreso de Jalisco, no es necesaria pues lo único que se requiere es que en verdad las autoridades se enfoquen en la aplicación de la ley actual en la materia.
Chécalo:
"Lo que hace falta es hacer efectivo el marco legal que en su momento construimos todos. Aunque entendemos que cualquier ley es perfectible, consideramos que lo más importante ahora es poner atención en que se terminen con las grúas piratas, que son las que no respetan la legislación, ni mucho menos las tarifas, y eso es posible en el hecho de aplicar la ley vigente".
De haber un cumplimiento en el marco normativo actual, aseguró, se generarán mejores condiciones para una competencia pareja con esta actividad y en beneficio de todos los usuarios, al dar certeza de que pueden solicitar el servicio sin miedo al abuso.
Señaló que en la zona metropolitana se estiman un total de 500 grúas, de las cuales 200 están reguladas, lo que ha originado una serie de problemas como corrupción con las tarifas, el robo de autopartes de quienes solicitan el servicio, el fomento al comercio informal y que se generen recursos no comprobables.
Reiteró que no hace falta una nueva regulación, y, por el contrario, cuestionó que quienes la impulsan solo buscan protagonismo. Señaló al diputado Jonadab Martínez –proponente de una iniciativa para ponerlos en cintura- por manejar un doble discurso, pues al gremio les dice una cosa totalmente distinta.
El legislador del PT, refirió por su parte que implementará un par de exhortos a fin de solicitar a la Contraloría del Estado investigue los servicios de grúas solicitados a particulares por parte de autoridades; mientras que, a la Secretaría de Transporte, la Policía Vial y a los municipios vigilar el cumplimiento de la ley que existe en la materia.