Durante casi cuatro décadas han decrecido los programas sociales y crecido la desigualdad social, siendo la inseguridad alimentaria uno de los principales problemas en el país, coincidieron expertos en salud pública durante la presentación del Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación, elaborado por el Iteso y la Universidad de Guadalajara.
“De los 233 programas y acciones, solamente 8 están dirigidos a dar cumplimiento de forma directa al derecho humano a la alimentación adecuada, lo que corresponde al 3.4% del presupuesto”, dijo Leticia Salazar, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos?.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la seguridad alimentaria existe cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana, y los pilares de la seguridad alimentaria son: disponibilidad, estabilidad, suministro, acceso y utilización.
Datos presentados refieren que en México 44% de la población tiene seguridad alimentaria y 22% tienen inseguridad alimentaria moderada o severa, en tanto que el 15% de la población del país presenta desnutrición crónica y con la llegada de la pandemia, el riesgo es mayor, porque se perdieron empleos y cayeron los ingresos entre los mexicanos.
En ese sentido, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, agregó que el sistema alimentario está centralizado y existe producción basada en monopolios y en monocultivos con uso desmedido de agroquímicos que agotan la fertilizad de las tierras, volviéndolas estériles.
“Este sistema nunca ha considerado las externalidades, solo hay que producir mucho, ganar lo más que se pueda en el menor tiempo posible y lo que eso resulte en daños a la fertilidad de la tierra, contaminación del agua, de ríos, de exposición de los jornaleros y las comunidades cercanas a agroquímicos altamente tóxicos no importa y eso significa la pobreza de las comunidades, la pérdida de la diversidad de alimentos y un golpe directo a la cultura culinaria”.
Su propuesta es proteger a los productores y crear políticas de captación de agua de lluvia, porque la sequía cada vez será más severa, en tanto que en el tema económico el planteamiento es necesario reconstruir los mercados locales, como ya sucede en otras partes del mundo, donde se apoya la producción diversificada.
“Somos los mayores consumidores en América Latina de alimentos súper procesados que están generando problema y estamos produciendo alimentos para exportarlos, vegetales, frutos rojos, frutas que exportamos y lo que nos viene es pura comida chatarra y esto se tiene que revertir, no podemos seguir en un sistema”.