La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendación a la Fiscalía Estatal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que ahora es por la deficiente actuación en el caso de 16 personas desaparecidas.
La CEDH en su exposición, señala: “Una vez más, esta defensoría acreditó la falta de coordinación entre las áreas de la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En dos casos, las víctimas fueron localizadas sin vida, pero sus cuerpos permanecieron un largo periodo en las instalaciones del Semefo, sin que se notificara a sus familiares.
Por la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o poca búsqueda efectiva y localización, la revictimización, la intimidación y amenazas que han sufrido familiares de dieciséis personas desaparecidas” que interpusieron queja ante la CEDH.
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Destaca que se investigaron 13 quejas presentadas recibidas en el segundo semestre de 2019.
Sobresale de estas 16 personas, se identificó que una ocurrió en 2012, otra en 2017, dos en 2018, once en 2019 y una más en 2020. El año con mayor incidencia de las desapariciones documentadas en esta Recomendación corresponde a 2019, con 70%.
Cita que el 15 de octubre de 2019, el periódico El Occidental publicó una nota con el encabezado: “Dos años estuvo desaparecida; ese tiempo permaneció en el Semefo de Lagos de Moreno”. Derivado de ello, la CEDH inició de oficio la queja 9143/2019.
De las investigaciones realizadas se advirtió que el 13 de noviembre de 2017, una madre de familia presentó denuncia por la desaparición de su hija menor de edad; en ella señaló que el 3 de noviembre de ese mismo año, su hija salió de su domicilio ubicado en la colonia Los Cantaros, en Tlajomulco de Zúñiga, pero ya no regresó.
También se constató que en la integración de la Carpeta de investigación participaron por lo menos siete agentes del Ministerio Público. En sus informes los agentes del MP coincidieron en señalar que cumplieron con los lineamientos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (PHI) y que emprendieron acciones para la búsqueda de la menor de edad; entre ellas, girar oficios a distintas dependencias para que informaran si existía registro de algún incidente donde hubiera participado la joven desaparecida.
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Otro de los casos que motivó la recomendación, fue el detectado el 12 de junio de 2019, derivado de una nota publicada en redes sociales, que refería que una madre de familia había localizado el cadáver de su hijo, que tenía 7 años sin identificar, esta CEDHJ inició el acta de investigación108/2019. Tras la información recabada se advirtió que existían actos y omisiones que podían constituir violaciones de derechos humanos, por lo que el 24 de septiembre de 2019 se dio inicio a la queja 7363/2019. De las investigaciones realizadas se advirtió que el 10 de marzo de 2018, la madre de la persona desaparecida presentó la denuncia correspondiente.
Refirió que su hijo fue visto por última vez por su pareja sentimental en el municipio de Tuxpan, Jalisco. La inconforme explicó que en aquel tiempo no pudo interponer la denuncia, pues se encontraba mal de salud y vivía en Estado Unidos. En un testimonio rendido por la peticionaria, indicó que en marzo de 2019 a través de diversas notas periodísticas se dio cuenta que el 23 de julio de 2012, el cadáver de su hijo fue localizado en el municipio de Sayula, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Semefo en Ciudad Guzmán, donde acudió a reclamarlo; pero en un primer momento le negaron que el cuerpo de su hijo se encontrara en ese lugar.
“Fue hasta que les mostró las notas en las que se informaba que el cadáver fue localizado en una brecha en la localidad de Usmajac, y que traía entre sus pertenencias documentos que lo identificaban, que el personal de Semefo lo pudo identificar, además le informaron que el cadáver de su hijo había sido inhumado en una fosa común del cementerio municipal de Sayula, como persona fallecida sin identificar. En un hecho revictimizante hacia la peticionaria, se realizaron tres intentos para llevar a cabo la exhumación del cuerpo de su hijo (el 6, 8 y 16 de mayo de 2019), y fue hasta el 21 de mayo de 2019 cuando se pudo llevar a cabo. Sin embargo, el cuerpo le fue entregado hasta finales de junio de 2019, después de haber obtenido los resultados del dictamen de genética, pues el cadáver fue inhumado sin haberse realizado ningún dictamen de identificación, según consta en las actuaciones de la averiguación previa”.