La Universidad de Guadalajara respalda en su actuar al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y a uno de sus miembros a quien consideran "destacado académico y miembro de nuestra comunidad universitaria" ante los ataques y persecución por parte de algunos diputados y diputadas del Congreso del Estado.
El Comité Universitario de Análisis en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Corrupción, destaca que la Universidad de Guadalajara respalda al Comité de Participación Social para que cumpla con las tareas que la ley le confiere.
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"Rechazamos cualquier forma de hostigamiento y persecución política que pretenda inhibir la participación ciudadana y el derecho a la crítica y la necesaria vigilancia en la designación de los cargos públicos. Exigimos respeto irrestricto a la crítica y el disenso, a los derechos fundamentale del Estado constitucional y democrático".
Lamenta y critica que se utilice situaciones privadas como el divorcio de Gómez Álvarez, con lo que la Bancada de Mujeres dice intentó lucrar, acusaciones de índole sexual contra miembros del Comité de Participación Social y acuerdo legislativo para acusar a su presidenta Lucía Almaraz de excederse en sus funciones.
Los ataques y señalamientos vertidos contra Gómez Álvarez y el Comité de Participación Social vertidos por algunos diputados y diputadas concretados en acuerdos legislativos, indica el comunicado es para dañar la reputación pública de los miembros del CPS, amedrentarlos "para que claudiquen de la función para lo cual fueron designados".
Todo este hostigamiento y persecución política destaca el órgano de la máxima Casa de Estudios es porque no les pareció la crítica realizada por la elección de los consejeros de la Judicatura el Comité de Participación Social y que respaldó en una carta abierta 150 académicos y diferentes liderazgos de Jalisco por dichos nombramientos.
"Es inaceptable, pues coarta la libertad de expresión, impide el ejercicio de la crítica, abroga el derecho a disentir y atenta contra la transparencia y el parlamento abierto en materia de designaciones, todos ellos valores y principios que garantizan la legalidad y la diversidad de ideas en un Estado que se precie de ser democrático", cita la U de G.