El presidente Andrés Manuel López Obrador no asimila que el derecho que lo llevó al poder es el mismo que regula la aplicación del poder y una prueba de ello es la desaparición de los fideicomisos que constitucionalmente están regulados, señalaron expertos en derecho constitucional en el panel denominado "El derecho y los reveses" realizado dentro de las actividades de la Feria Internacional de Libro (FIL).
José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que el derecho establece formas racionales de construcción democrática para tratar de llevar las relaciones sociales lo mejor posible, "creo que éste es el verdadero meollo de fondo del presidente y de muchos de quienes lo acompañan en su proceso político".
Indicó que lo que establece el derecho son reglas, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de un lado están los ciudadanos actúan a partir de los derechos y del otro las autoridades a partir de las competencias que tiene y esto es lo que dificulta la marcha o la operación del gobierno actual con relación al derecho.
"Ahí donde el derecho dice que los fideicomisos están destinados a ciertas funciones" para ciertos fines, el presidente López Obrador encuentra la forma de decir que ese dinero sería más productiva y mejor aplicado a través de la Tesorería Federal y prácticamente administrado por él mismo.
Agregó que lo mismo sucede con las fuerzas armadas en donde la Constitución señala que éstas deben de permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz, pero el Presidente encuentra que llevarlos a la calle es la mejor forma de buscar la paz y seguridad de los mexicanos.
Leticia Bonifaz, directora de Derechos Humanos de la SCJN, indicó que el derecho se ha utilizado como un instrumento en otras administraciones, destacó la importancia y trascendencia de la consejería jurídica hacia la administración federal a través de la cual le explicaban al jefe del Ejecutivo si se podía realizar una acción o política pública, lo cual no existe en este momento.
Parte del problema que "estamos viendo creo que se da en artículos de la Constitución que deberían ser clave para fijar el rumbo de las políticas públicas" y que no se están tomando en cuenta en la presente administración federal.
Desde su punto de vista el plan nacional de desarrollo está perdido y se tiene que recuperar porque es un eje articulador de todos los programas y de todas las dependencias para saber hacia dónde hay que ir, en este momento no se sabe si se tiene esta alineación en la presupuestación relacionada con la planeación, del desarrollo y el ejercicio del gasto.
En cuanto a las reformas impulsadas en esta administración, dijo que algunas han sido importantes de manera positiva entre ellas el llevar a rango constitucional a las personas afrodescendientes y que no se le ha dado la relevancia pluricultural del país, la otra son las reformas en la perspectiva de género como es la paridad de género y la de la violencia política, esto sumado a la Ley Olimpia.
Otro elemento de los reveses es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha desarrollado su papel para interponer controversias constitucionales a reformas y políticas del Gobierno, pero también hace falta que el Poder Judicial se pronuncie sobre todos los amparos que se tienen interpuestos en estos momentos.
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló que todas la mañaneras son un buen lugar para observar las complejas relaciones que tiene el presidente con el derecho, prueba de ello es el tema de la Guardia Nacional en donde va en contra de lo que señala la constitución.
"Es un presidente que llega por el voto y que propone una cuarta transformación, una transformación radical del país y prácticamente una nueva Constitución", indicó.
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Recordó que López Obrador en un principio sugirió que no iba a haber reformas constitucionales sin embargo en la práctica se han realizado reformas en materia de extinción de dominio, Guardia Nacional, materia educativa, revocación de mandato y consulta popular, programas sociales entre otras que abarcan cerca de 36 modificaciones a 28 artículos constitucionales. Se han reformado 62 leyes y se han expedido 16 leyes nuevas al amparo del control de Morena en el Congreso de la Unión.
Reconoció que hay algunas que avanzan en materia de derechos humanos pero no van acompañadas de mayor presupuesto, lo que "más preocupa es lo que vamos a llamar la tendencia al populismo primitivo" como el impulso de la extinción de dominio, Guardia Nacional que apuntan a las capacidades de control y presión del Estado y que tiene que ver condiciones del uso de la fuerza armada por el Estado en condiciones que no se respeta el Estado de Derecho y cuando no se pueden aplicar a través de la vía constitucional, el Presidente emite decretos presidenciales.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, señaló que el jefe del Ejecutivo federal es el primer presidente politólogo y "vale la pena reflexionarlo" ya que antes de Salinas de Gortari tradicionalmente eran abogados con una lógica ceñida a las instituciones, luego llegaron economistas, empresarios con visiones distintas pero no necesariamente de confrontación.
"Ahora llega al poder un personaje que no se siente cómodo con el derecho, lo simbólico de lo jurídico, es decir para el gobierno el derecho es un obstáculo porque las formas jurídicas retrasan la implementación de sus acciones y dificultan el despliegue de las mismas. Un ejemplo es la renuncia del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado quien señala que al presidente no le era cómo recibir argumentos legales para implementar algunas acciones.