Una mujer perteneciente a la comunidad indígena wixaritari murió en marzo del 2020 a causa de lesiones graves, policías del municipio de Mezquitic; policías investigadores y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado; un perito en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del perito habilitado por el mismo instituto, que forma parte de la plantilla del municipio de Huejuquilla el Alto; trataron el tema como suicidio, no hicieron la necropsia y de esa manera encubrieron un feminicidio.
Nunca consideraron la múltiple discriminación y violencia familiar que padecía la víctima.
Así lo concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al terminar de investigar los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2020, en el rancho el Bajío, anexo a Pueblo Nuevo 2, Mayehekwa, comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en donde la mujer fue encontrada colgada de un árbol en el patio de su casa.
Su hermana denunció que la fallecida vivía violencia familiar por parte de su pareja, mismo que señaló que se trataba de un suicidio, pese a que en la casa había indicios de objetos desordenados y un rastro en la tierra, como si hubieran arrastrado el cuerpo, el cual tenía en las manos una mezcla seca color blanca, similar a la que deja la masa al tortear.
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La quejosa explicó que el cuerpo les fue entregado al día siguiente de los hechos, y que las autoridades periciales y ministeriales afirmaron que se trataba de un suicidio. Refirió que le dieron la ropa que traía su hermana, así como la bufanda o pañoleta que la sujetaba al árbol. Señaló que, de acuerdo a sus usos y costumbres, su familia procedió a quemarlas, pruebas que eran sumamente necesarias para el acceso a la justicia.
Tenía la fallecida cuatro años de vivir con su pareja y sufría de constantes maltratos físicos, psicológicos, económicos, pues frecuentemente ejercía su poder que dentro de los roles y estereotipos están asignados asimétricamente a los hombres indígenas dentro de la cosmología wixárika, en donde era común que la sacara afuera de su casa para castigarla, cuando según él, hacía algo para molestarlo, dejándola hasta por cuatro horas sentada en una piedra estando embarazada, hasta que se le pasaba el coraje.
La víctima no solo realizaba la función y rol de esposa y madre en la concepción aceptada en su comunidad, además ayudaba a su madre en el campo y las tareas cotidianas de cuidado de los animales, y bordaba cinturones para vender y así mantener a su hija y ayudar a su madre.
De igual forma, tenía el sueño de ser maestra, razón por la que tenía una doble jornada, pues además de las labores del hogar, colaboraba como instructora rural desde agosto de 2019 en el programa de Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) denominado “Líder para la educación comunitaria”, lo que le permitió en los últimos años una semi libertad económica y personal.
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Pero no lo concretó, hay rastros evidentes de que fue asesinada y lo que vino después no tiene nombre: Funcionarios perdieron la cadena de custodia sobre la ropa y la bufanda o pañoleta con la que estaba colgada; se demostró que existió acuerdo entre el agente del Ministerio Público de Huejuquilla el Alto y el perito en criminalística del IJCF para alterar el documento de solicitud de los primeros exámenes y peritajes, pretendiendo justificar que se habían solicitado conforme al protocolo de feminicidio. Además, el médico de la presidencia municipal de Huejuquilla el Alto, comisionado al IJCF, simuló realizar la necropsia, lo que hace evidente su desconocimiento sobre la Guía técnica con perspectiva de género para la elaboración de necropsias en casos de muertes violentas de mujeres emitido por el propio instituto.
Sin autopsia
Durante la realización de la supuesta necropsia, el médico comisionado al IJCF tuvo la asistencia de una persona que el instituto afirmó que no lo tiene como perito habilitado en ninguno de sus municipios y el ayuntamiento de Huejuquilla el Alto señaló que no tiene ninguna relación con él, lo que corrobora que estuvo presente sin las credenciales que le identificaran como servidor público.
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Después de 42 días se ordenó exhumar el cuerpo de la víctima para realizar una nueva necropsia, lo que confirmó la simulación en la primera, y por ende, se perdió la posibilidad de efectuar algunos exámenes de muestras biológicas del cuerpo por el estado de descomposición en que se encontraba, lo que corroboró el indebido actuar por parte de las autoridades a que hace referencia el Modelo Protocolo de Naciones Unidas, cuando afirma que los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor y que puede ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no indagar el caso y archivarlo como suicidio.
Se destacó que “Con su actuar, las y los servidores públicos involucrados contravinieron el principio de la debida diligencia reforzada en materia de violencia de género contra las mujeres, porque no tomaron en cuenta la interculturalidad de la comunidad wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, el contexto de violencia contra las mujeres que presentan México y Jalisco y, la alerta de violencia de género contra las mujeres que tiene emitida el municipio de Mezquitic. Las omisiones y actuar simulado del perito que practicó la necropsia, ocasionó que la víctima y sus familiares, incluyendo la comunidad wixárika, no tuvieran acceso a la justicia, ya que las autoridades involucradas al rendir sus informes de ley negaron los actos atribuidos”.
Un feminicidio que convirtieron en suicidio
Se destacó que esta Recomendación pone en evidencia que autoridades municipales y estatales, por medio de personal adscrito a Fiscalía del Estado , IJCF, elementos policiales de Mezquitic, así como personal médico del ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, que violaron el derecho a la debida diligencia reforzada y a la legalidad del proceso, en contra de la víctima, sus familiares y de su comunidad, al no realizar las primeras investigaciones presumiendo que se trataba de un feminicidio, con enfoque diferenciado y especializado que el caso requería.
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Se está recomendando al fiscal del Estado y al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que se realice a favor de las víctimas indirectas la reparación y atención integral del daño, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes. “En este proceso se debe aplicar un enfoque diferencial y especializado, que garantice el acceso a la verdad y a la justicia y conlleve el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, para lo cual se debe involucrar a la comunidad en general respetando sus derechos como pueblo originario”, se explicó.
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Además deben de haber procedimientos administrativos y sanciones de tipo administrativo, además de implementar un programa permanente de capacitación sobre estándares legales de derechos humanos de las mujeres, debida diligencia reforzada e investigaciones con perspectiva de género y enfoque intercultural, dirigido al personal adscrito a las agencias ministeriales que atiendan casos de violencia contra las mujeres. Deberá ser proporcionada por personal especializado y con acreditaciones que validen la formación efectiva de quienes la reciben.
Además que se ofrezca una disculpa a las víctimas indirectas que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, que se traduzca en un compromiso ético, moral y jurídico para orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar que sucesos como los ocurridos se repitan.
Y se proceda a crear una agencia ministerial especializada para atender los casos de violencia contra las mujeres en las comunidades wixáritari, que cuente con personal que tenga la formación comprobable y especializada para brindar atención desde el enfoque de género e intercultural. Al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción se le está solicitando que gire instrucciones para que en la Carpeta de Investigación que se inició en contra del médico involucrado, se contemple el enfoque intercultural, y la perspectiva de género en su integración, para que se evidencie la gravedad de los delitos en que se pudo incurrir y se investigue en su caso su participación en peritajes anteriores.
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