El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró la necesidad de hacer una consulta ciudadana para que sean los jaliscienses quienes decidan qué pasará con el pacto fiscal, si siguen en las condiciones actuales o es necesario iniciar el camino para la construcción de un sistema tributario estatal.
“Jalisco no puede seguir firmando cheques en blanco con la federación, porque esta historia de sumisión e irresponsabilidad tiene que acabar ya, queremos revisar los convenios y llegar a un acuerdo justo, equitativo, responsable, pero si no lo logramos por falta de voluntad del gobierno federal, debemos estar listos para asumir las facultades tributarias que la Constitución de la República nos otorga y hacernos cargo de nuestro sistema de recaudación, para que, lo que se genere en Jalisco, se quede en Jalisco”.
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Criticó la dependencia y “posturas comodinas” de entidades que subsisten amparadas en el trabajo de otras y aseguró que su propuesta no busca romper el pacto fiscal con la nación.
“Se trata de buscar un acuerdo justo, que privilegie el esfuerzo que cada estado hace para generar desarrollo y prosperidad, un acuerdo que reconozca el trabajo de cada entidad, en lugar de estimular la apatía y la ineficacia, un acuerdo que verdaderamente contribuya a la superación de la pobreza, en lugar de profundizarla”.
Para ello, llamó al Consejo Estatal de Participación Ciudadana agilizar la organización de la consulta y encargarse del ejercicio, el cual pidió, sea austero y aprovechando las tecnologías, pues un cambio de esa profundidad no puede darse por decreto.
Respecto a la pregunta que llevaría la consulta, explicó que “la consulta no sería sobre permanecer o salirnos del convenio fiscal, la consulta sería sobre el contenido de una reforma constitucional para obligar a los poderes públicos de este estado a realizar una revisión periódica de los convenios de coordinación fiscal, garantizando que en ellos se salvaguarden los intereses de nuestro estado” y agregó que de no ser posible construir un acuerdo, la reforma establecería “la obligación de iniciar el camino para la construcción de nuestro propio sistema tributario y dejar el esquema de coordinación vigente”.
