La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para la protección de los integrantes de Un Salto de Vida. Los agraviados tienen una queja abierta.
Señala la CEDH que la queja que derivó en esta resolución es en contra de autoridades estatales y municipales, por la autorización y ejecución del proyecto inmobiliario denominado Fraccionamiento El Mirador en el municipio de El Salto.
Toda vez, agrega que presenta un probable impacto en el acuífero Toluquilla, aunado a que los trabajos del proyecto han ocasionado la perforación al parecer de un pozo profundo para el abasto del fraccionamiento [...] ejecutado por la empresa Bali de Lagos Inmobiliaria, S.A. de C.V., mismo que fue clausurado por orden judicial derivada de amparos que promovieron los afectados el mismo día de la agresión en su contra.
La medida es por la posible comisión de hechos delictivos hacia sus personas.
La resolución va dirigida al Secretario General de Gobierno Enrique Ibarra Pedroza, a Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, a Gerardo Ballesteros de León y al presidente municipal con licencia Ricardo Zaid Santillán Cortés.
Las medidas cautelares piden la integración al mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos y se generen acciones provisionales para reducir el riesgo por la actividad de defensa del territorio que realizan.
