Con la abstención de la Bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Comisión de Vigilancia y Sistema Estatal Anticorrupción aprobó el Informe General de la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas 2018 del Estado y sus municipios.
Contempló un total de 286 auditorías y 140 entidades a auditar de éstas 14 corresponden a entidades de carácter estatal y el resto de municipios.
En la sesión de la Comisión que preside la diputada Mirza Flores, el diputado de Morena Bruno Blancas votó en contra, ya que subrayó: La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción incumplió con el procedimiento señalado en el artículo 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.
"El informe se presentó incorrectamente de manera directa a la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. La Comisión de Vigilancia no informó a los integrantes de esta comisión de la recepción del informe como una comunicación recibida. Incumplió con remitirlo al pleno del Congreso del Estado para que ésta su vez lo turnará a la Comisión de Vigilancia, ya que eso era lo correcto conforme a la ley aplicable. Omitió citar a comparecer al Auditor Superior para analizar los resultados del informe e incumple con el término para formular las conclusiones, ya que se encuentra fuera de los noventa días naturales que establece la fracción II del artículo 51", indicó el diputado Blancas.
El órgano Legislativo determinó que el informe general cumple con las formalidades.
A la fecha de realización del informe se remitieron al Congreso, 47 informes individuales, de los cuales 22 entes fiscalizables tienen observaciones que solventar. En más de 30 entes fiscalizables se dieron recuperaciones probables.
Lo que aprobó la Comisión es establecer la facultad a cargo de los órganos internos de control, para que emitan las bases de los periodos que deben asegurarse en las convocatorias de licitaciones, de acuerdo con los montos de las mismas; para evitar prácticas nocivas y así se garantice que todos los proveedores tengan el tiempo suficiente para preparar sus propuestas.
Que se solicite que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, defina los requisitos mínimos para fungir como titular de Unidad Centralizada de Compras, lo que implica reglamentar aspectos relacionados con la preparación académica y profesional, así como establecer medidas relacionadas con declaraciones de interés, respecto a determinadas contrataciones públicas.
