La violencia que se ha incrementado en algunas zonas limítrofes entre Estados, dejando a grupos indígenas y vulnerables expuestos, motivó que las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango se expresaran al respecto, exigiendo una intervención decidida para aplicar seguridad y justicia en regiones.
En Jalisco hay claros ejemplos de que esos puntos son “tierra de nadie”, casos como lo que ocurre en los límites de la zona norte con Zacatecas, donde se dio la desaparición de seis personas indígenas wixaritari, de las cuales cuatro ya fueron encontradas sin vida; con Nayarit, donde grupos wirrárikas viven con temor ante la presencia de grupos armados, y recientemente Jilotlán de los Dolores limítrofe con Tepalcatepec, Michoacán, donde incluso no hay presidente municipal debido a que por la inseguridad, se revocó la elección.
Las defensorías de los derechos humanos condenan este tipo de sucesos y lamentan las consecuencias.
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En el posicionamiento que han hecho llegar a los gobernadores de sus respectivos Estados expresan: “Como órganos constitucionales autónomos protectores de derechos humanos, desde nuestras respectivas competencias condenamos los lamentables hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2021 en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, relacionados con la desaparición de seis personas indígenas wixaritari –entre ellas, dos menores de edad– originarias de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), municipio de Mezquitic, Jalisco, y de las cuales, desafortunadamente, cuatro han sido localizadas sin vida”.
GRUPOS ARMADOS SE DESPLAZAN EN ESA ZONA
Pero no es la única zona. Denuncian que las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las poblaciones de esa región, como Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando, pese a que en su oportunidad se han realizado diversos pronunciamientos en torno a la falta de seguridad pública en la región y se ha solicitado a los gobiernos federal, estatales y municipales el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios”.
Solo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco lo ha hecho público en al menos cinco ocasiones anteriores durante los últimos dos años e incluso mucho antes de que se diera el caso de dos trabajadores de la Secretaría de Salud -el chofer de una ambulancia y un joven médico practicante- fueran secuestrados con todo y ambulancia, y asesinados.
En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que amedrentan a los pueblos originarios de la región.
ENÉRGICO LLAMADO
Las Comisiones de Derechos Humanos de Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, mediante un escrito hicieron “un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública federal, estatales y municipales para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permitan restablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región, bajo el entendimiento de que la protección de la ciudadanía por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de las instituciones, las leyes y los derechos humanos”.
Insistieron en que “el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales, les exigieron que para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos, entre ellos, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, a efecto de evitar la impunidad, y se sancione en su oportunidad a los responsables de los delitos cometidos".