Porque la contaminación del Río Santiago y el Lago de Chapala ha representado un daño permanente a comunidades aledañas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) propuso el análisis para una declaratoria de moratoria, en aras de contener el crecimiento del sector industrial en El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Tonalá, por ser el que más abona a la problemática ambiental en la zona.
Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el organismo, con la realización del estudio más reciente en torno al área de influencia por los contaminantes primarios en el Río Santiago, en el cual se involucró a autoridades de todos los niveles de gobierno, academia y pobladores, y cuyos resultados fueron presentados este lunes.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la comisión, enunció varias de las acciones que piden a autoridades, como garantizar la participación de defensores de derechos humanos, víctimas, pueblos y comunidades indígenas, en la estrategia pública integral para la recuperación del Río Santiago.
"Que se divulgue de forma permanente el resultado de los monitoreos de contaminantes presentes en el Lago de Chapala y en el Río Santiago, derivados de lixiviados y contaminantes provenientes de los sectores agropecuarios, industriales y urbanos", agregó.
Por si no lo viste:
También, que se consolide el registro estatal único de descargas y aportes contaminantes y se publique la información generada; que se incluya en la estrategia para la recuperación del río la restauración pluvial de los cuerpos de agua; y se concrete el cierre programado del relleno sanitario Los Laureles.
Además, que se utilicen los hallazgos del estudio para generar una estrategia de atención sanitaria y medicina preventiva hacia los habitantes que presentan afectaciones graves, así como para revisar la pertinencia de iniciar procesos de reparación integral del daño, en los casos de las personas que ya soliciten el reconocimiento de condición de víctima ante los posibles efectos de la contaminación del río y del lago.
El estudio se elaboró con la finalidad de generar una herramienta de la que autoridades se puedan hacer, y así dar cumplimiento o respuesta a las medidas cautelares que emitió, el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para preservar la integridad personal y salud de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago.
Se analizaron 67 indicadores en donde se demostró el grado y afectaciones por la contaminación en al menos 149 localidades, resaltando que el mayor impacto ambiental lo ha generado la actividad industrial en la zona.
De cara a esto, Andrés Barreda Marín, coordinador del Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes de Conacyt, anunció que desde su trinchera llevarán a cabo investigaciones que ahonden en el tema para avanzar en su resolución.
"Los proyectos nacionales estratégicos del Conacyt promoverán investigaciones que permitan profundizar este estudio, en la determinación de las dinámicas históricas, económicas, industriales, de urbanización, las políticas y jurídicas, así como culturales, que se encuentran detrás de esta catástrofe humanitaria y ambiental".