La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) determinó que policías municipales de San Julián torturaron en sus propios separos, a cuatro personas. Al alcalde le está recomendando que separe a los elementos de su cargo, la fiscalía deberá de investigar, pero a las víctimas se les debe de atender, indemnizar y pedir una disculpa pública.
A unas horas de que la defensoría de los derechos humanos diera a conocer un alarmante dictamen sobre las policías municipales y sus cárceles, documentó en otra recomendación (la 47/20) posibles actos de tortura y denigrantes en contra de personas detenidas en San Julián.
Dentro de la misma se acreditó violación a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, a la integridad, seguridad personal, al trato digno, por tratos degradantes y tortura, y a la salud en relación con las personas privadas de libertad.
Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2019, elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Julián (DSPTMSJ) detuvieron de manera arbitraria a un joven, a su hermana y a dos personas que lo acompañaban. Todo fue porque viajaban a bordo de un auto sin documentación y argumentaron que opusieron resistencia.
Tres de los afectados indicaron coincidieron en señalar que a un amigo de ellos lo metieron antes que al resto a los separos y cuando a ellos les pidieron ingresar, éste ya se encontraba muy golpeado, dentro de una celda, inconsciente con los aros de aprehensión colocados.
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Según la denuncia que hicieron, los tres jóvenes detenidos fueron objeto de actos de tortura y degradantes por parte de los elementos policiales, quienes los golpearon con un objeto contundente, los humillaron, obligándolos a comer croquetas de perro, para evitar que las escupieran, pusieron refresco en su boca, al tiempo que los amenazaban que debían de comerse todo si no querían que los siguieran golpeando; los amagaron con hacerles daño a ellos y a sus familiares si decían lo que había sucedido. Fue hasta que el agraviado cayó al piso, se golpeó la cabeza, y ya no se pudo mover, cuando los policías se asustaron y dejaron de golpearlos.
La médica municipal y dos paramédicos de la Dirección de Protección Civil no realizaron de manera diligente las revisiones que practicaron al agraviado, minimizando la condición en la que se encontraba, la cual era delicada, según se constató en un reporte médico que se le realizó en un hospital privado, hasta donde se trasladó personal de esta defensoría y donde se hizo constar que estaba politraumatizado, con traumatismo craneoencefálico, abdominal y de tórax, fracturas de la segunda, tercera y cuarta costillas izquierdas, neumotórax izquierdo, fractura de clavícula derecha, con hemoperitoneo por laceración hepática. Las lesiones fueron calificadas como las que ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 15 días y producen pérdida de funciones orgánicas, miembros u ojo.
Familiares de los afectados argumentaron incomunicación, nunca les permitieron tenerlos a la vista y los liberaron casi un día después, cuando apareció el juez municipal.
Se documentó que uno de los agraviados no pudo continuar con el trabajo que desempeñaba por las lesiones que sufrió, y ahora sólo puede aspirar a un trabajo eventual, sin ingreso fijo que le permita enfrentar las deudas que adquirió para solventar los gastos de la atención médica que requirió; perdió la psicomotricidad fina de su mano izquierda; además que fue sometido a una cirugía de hígado.
Sus familiares afirmaron que todo su esfuerzo se encontraba dirigido en pagar las deudas adquiridas para solventar los gastos de la atención médica que requirió el joven agraviado para salvarle la vida; además del temor que viven todos los días de ser objeto de represalias por parte de los policías municipales, por lo que evitan salir a la calle y no tienen tranquilidad por las noches.
Al presidente municipal se le está recomendando realice la reparación y atención integral del daño a favor de las víctimas directas e indirectas, ya que se ocasionaron daños físicos, psicológicos y afectación a su proyecto de vida; se les ofrezca a las víctimas atención médica y psicológica, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y sobre todo se investigue los hechos documentados e inicie procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a las garantías del debido proceso, en contra de los servidores públicos involucrados, y una vez deslindadas sus posibles responsabilidades, habiéndoles otorgado su garantía de audiencia y defensa, se apliquen las sanciones que en derecho correspondan.
El munícipe -dice la CEDHJ- debería ofrecer una disculpa pública a los habitantes de San Julián, mencionando particularmente a las personas agraviadas, la cual deberá alcanzar la máxima cobertura de difusión, y en la que se comprometa a que la seguridad pública se sujetará a los estándares establecidos en la Constitución y las leyes aplicables, incluyendo los tratados internacionales.
Para el Fiscal del Estado, se está solicitando tramite y concluya la carpeta de investigación integrada en la dirección regional del Distrito II con sede en Tepatitlán de Morelos, en la que se encuentran involucrados los elementos policiales de la DSPTMSJ por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, tortura, lesiones y los que resulten.