Al insistir en que persisten las irregularidades en el tema que hasta el momento no han sido dilucidadas, la fracción de Morena en Guadalajara solicitó a la Secretaría de la Función Pública que atraiga el caso del arrendamiento de vehículos para la comisaría tapatía.
Ausente en la rueda de prensa semanal que dan ediles morenistas, Carlos Lomelí Bolaños, a través de un video, dio cuenta de la visita que hizo a Ciudad de México a fin de que la secretaría en mención investigue presuntos actos de corrupción que derivarían en el arrendamiento de vehículos con un sobreprecio de 300 millones de pesos.
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"En Jalisco no está clara la ley, por eso venimos a platicar con el gobierno federal para que se solicite la facultad de atracción y poder esclarecer ante todos los ciudadanos de Guadalajara el sobreprecio al que se están comprando las patrullas".
En la rueda de prensa fue el regidor Salvador Hernández quien urgió acciones para aclarar todo, al aludir a las supuestas irregularidades con las que se habría conducido el Tribunal de Justicia Administrativa, con el juicio que se presentó en contra del arrendamiento, ante el posible uso de documentos falsos -del TJA- por parte del ayuntamiento para tapar las anomalías.
Por ello, anunció que pedirán a la Contraloría Ciudadana que incluya en su investigación el actuar de la Cuarta Sala Unitaria de este tribunal y de la Sala Superior, así como de la sindicatura y el Comité de Adquisiciones de Guadalajara, estos últimos por continuar con el proceso de arrendamiento pese a presuntas irregularidades.
"(También) solicitaremos a la dirección de lo jurídico consultivo una opinión técnica sobre cuál debería ser el proceso que debe seguir la administración ante una controversia de este sentido y generar un antecedente que garantice las mejores prácticas en la materia de adquisiciones. (Además), presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue a fondo el proceso que se está llevando a cabo en el TJA", añadió.
Reiteró que a falta de claridad en todo el tema el proceso de arrendamiento de vehículos todavía se percibe como opaco, por lo cual reiteró la importancia porque se aclare todo, ya que se habla de recursos que podrían estar en detrimento del Ayuntamiento.
“El hecho de que no se pueda transparentar las decisiones de gobierno es motivo de preocupación ¿Cuál es la verdadera situación que guarda el juicio contra de arrendamiento mediante un proceso plagado de opacidad?, para nosotros es suficiente motivo para actuar, ya que lo que está en juego son casi 800 millones de pesos”.
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