Ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, la diputada federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, presentó exhorto para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponga una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo 026/2020 del Gobierno de Jalisco que otorgó carácter de obligatorias las medidas sanitarias, "lo que sólo ha provocado abusos y excesos como sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos y evidencia la violación a los derechos humanos, constitucionales y garantías individuales, a las que se ha sometido a la población de Jalisco ".
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En el marco de la pandemia del virus Sars-Cov2 causante de la enfermedad Covid-19, el pasado 19 de abril se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el acuerdo estatal con número de folio DIELAG ACU 026/2020 mediante el cual el Gobernador emitió diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social obligatorio con motivo de la pandemia.
El acuerdo estatal indicó la legisladora ha provocado prácticas violatorias de los derechos humanos, así como de las garantías individuales y sociales de los mexicanos, pasando por encima de la estrategia sanitaria nacional e incluso desacatando por la vía de los hechos la jerarquía gubernamental del Gobierno Federal establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho acuerdo estatal emitido por el Ejecutivo Estatal señala las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, medidas que no corresponden con las facultades del Gobernador que en el acuerdo primero, la fracción primera expresa que “toda persona que se encuentra en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté en tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable”, lo que dice la diputada "está totalmente fuera de las facultades de la autoridad estatal".
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Agregó que "el Gobernador decidió imponer mediante un acuerdo estatal el uso de la fuerza pública como mecanismo para contener una reacción humana que él mismo provocó".
El acuerdo estatal solicitó a las corporaciones policiales municipales ejecutar las acciones de detención de quienes no acataran el confinamiento obligatorio. La situación se ha distorsionado en contra de los derechos de los propios ciudadanos, debido a que primero los elementos policiales se exceden en sus métodos para solicitar el uso de cubrebocas o en cuestionar a transeúntes el por qué se encuentran en vía pública, lo que provoca una reacción de resistencia por parte de los afectados, quienes terminan arrestados acusados de “faltas y agresiones en contra de la autoridad”, refirió.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco advirtió que ni en Jalisco ni en México hay suspensión de garantías, ni estado de excepción, por lo que ha lanzado diversos llamados a evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos, destacando que ninguna circunstancia justifica el uso excesivo de la fuerza pues en todo momento debe prevalecer una gradualidad y proporcionalidad en la aplicación de sanciones, subrayó la diputada federal de Morena.