Con reglamentos municipales del siglo pasado, que las autoridades se niegan a cambiar, aún se persigue a la comunidad LGBTTTIQ+ en 95 de los 125 municipios que conforman Jalisco. Permiten las detenciones a partir de enunciados como: “contravenciones a la moral, decoro público o a las buenas costumbres”; “realizar prácticas homosexuales” ó “cometer actos contrarios a las relaciones sexuales anormales”.
El activista Jaime Cobian, que empezó la lucha por la eliminación de esos y otros textos hace 40 años, vuelve a visibilizar el tema y le pide al Secretario de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y al propio Gobernador Enrique Alfaro, empujar para de una vez “borrar” esos textos.
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Durante la “Guanatos” -como se le llamaba a Guadalajara- de hace cuatro décadas fueron muy conocidas las razzias llevadas a cabo por las policías municipales y luego por la policía intermunicipal tanto en los antros que acostumbraba la comunidad LGBTQ+, así como en algunas zonas de la ciudad donde deambulaban por las calles y se les acusaba de ejercer la prostitución, la mayoría de las ocasiones sin ejercer pruebas.
Además de las luchas y pronunciamientos de parte de los colectivos, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco rindió dos informes especiales en los últimos 10 años, donde se consignaba como estos grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados.
La violencia contra la diversidad
Solo en México, entre 2013 y 2018, se documentaron 473 asesinatos de personas de la comunidad LGBTTTQ* que fueron asesinadas presuntamente por motivos relacionados a la orientación sexual, la identidad o la expresión de género real o percibida de las víctimas en todo el sexenio del gobierno pasado.
Pero en Jalisco, de acuerdo a la plataforma Visible.lgbt durante los últimos siete años se han cometido 241 agresiones y actos de discriminación en contra de la comunidad LGBTTTQ+.
En 2017 fueron cuatro casos los denunciados y eso colocó al Estado en el segundo lugar a nivel nacional -compartido con Guanajuato- y solo superado por la ciudad de México con ocho casos.
Para 2018 sumaron tres los casos y Jalisco quedó ubicado en el sexto lugar a nivel nacional, por debajo de Ciudad de México con 22, Guanajuato 11, Puebla 6, Nuevo León 5 y Baja California Sur con 4.
En el año previo a la pandemia, 2019, Jalisco reportó 19 casos y retomó el nada honroso segundo lugar después de la ciudad de México que tuvo 37.
Para 2020 y cuando se suponía que la mayor parte de los ciudadanos estaban confinados en su hogar, Jalisco ya no perdió el segundo lugar, reportó esos 37 casos, después de la Ciudad de México con 66. En 2021 reportó 74 casos contra 94 de la ciudad de México,
Jalisco reportó 101 casos en 2022, por debajo del Estado de México con 119 y ciudad de México con 185. Ahora en 2023 lleva tres incidentes reportados y ocupa el primer sitio, contra ciudad de México, Puebla y Querétaro, que informan de uno cada uno.
Esa es parte de la violencia que se vive contra esta comunidad y que se institucionaliza más cuando es perpetrada por policías municipales so pretexto de que “así está en el reglamento”, como lo menciona Caro, una mujer trans que asegura es constantemente hostigada en las calles de Guadalajara.
Le dicen que “está en la ley” y no puede andar por las calles “vestida de mujer”, sobre todo cuando sale por las noches de su trabajo a su casa. La acusan y dan por hecho que sale a prostituirse, más de una vez ha acabado en los separos de una corporación.
Además la extorsión sale a relucir y también le han pedido dinero “para no llevarte detenido”. Refiere Caro que, por otro lado, reconoce que hay algunos policías, sobre todo los de nuevas generaciones que se ve que han recibido capacitación y respetan los derechos humanos, “pero son contados con la mano”.
En el nombre de la ley
Y la razón es clara, el pretexto para perseguirlos subsiste en 95 municipios que aún en estos tiempos tienen el reglamento o bando de policía y buen gobierno del siglo pasado y donde, explica Jaime Cobián, subsiste el texto que a la letra dice que “se sanciona todo lo que contravenga, la moral y las buenas costumbres y destacan dentro de esos 95, diez que están ahí y son los que sancionan las prácticas homosexuales, los que sancionan lo que contravenga la moral y lo que contravenga la sexualidad normal”.
Los municipios de Zapotlán el Grande, Atoyac, Jilotlán de los Dolores, Teocuitatlán de Corona y Villa Guerrero mantienen la frase: “contravenciones a la moral, decoro público o a las buenas costumbres".
Zapotlán el Grande, Atoyac, Jilotlán de los Dolores, Teocuitatlán de Corona y Villa Guerrero mencionan. “Realizar prácticas homosexuales en lugares públicos que atenten contra las buenas costumbres y el decoro social”.
Pihuamo sanciona el “incurrir en exhibicionismo sexual” y tanto la Huerta como Chapala van contra “las prácticas públicas que impliquen el desarrollo de una vida sexual anormal”.
Zapotlán el Grande, Atoyac, Jilotlán de los Dolores, Teocuitatlán de Corona y Villa Guerrero dejan al arbitrio de sus elementos lo que es “realizar prácticas homosexuales en lugares públicos que atenten contra las buenas costumbres y el decoro social”.
Todavía menos claro es el texto del reglamento de policía y buen gobierno de los municipios de Cabo Corrientes, Juanacatlán y Ojuelos, cuando el texto castiga “cometer actos contrarios a las relaciones sexuales anormales”.
Tomatlán, un municipio costeño con apenas 35 mil habitantes, incluso castiga las posibles intervenciones quirúrgicas cuando contempla sancionar “imponer el embarazo o intervención quirúrgica que limite o modifique la condición sexual de la persona”.
La moral puede ser inconstitucional
Jaime Cobián, desde el activismo, ha revisado todas las páginas y de esa manera ha documentado que además hay 16 municipios que “no tienen página o no es fácil de accesar y el resto que dentro de su de su página no puede uno encontrar los documentos del bando de Policía y Buen Gobierno”.
Sí resaltó que el único municipio que tiene un bando de policía muy importante y destacado, adecuado a estos tiempos, es el de Ocotlán Jalisco. Autoridades municipales ahí sí se pusieron de acuerdo para llevar a cabo los cambios necesarios y armonizarlos con los nuevos tiempos, pero sobre todo que no vayan en contradicción a lo que marca nuestra propia constitución, que no reconoce el insulto o la injuria gratuita.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha expresado ya en los últimos tiempos sobre la libertad de expresión y las acciones legales válidas cuando se atenta contra la dignidad de las personas.
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De ahí que el Congreso Nacional LGBTIQ, el museo de la Memoria LGBTTTTIQ+ y CODISE han emprendido una campaña para dejar en claro que Tu moral puede ser Inconstitucional -esto incluye a ayuntamientos y policías-, pero además le están solicitando al gobernador Enrique Alfaro se involucre y consiga que los municipios cambién esos textos que en pleno siglo XXI persiguen la homosexualidad y abren la puerta a la violencia y a la persecución.
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