Se estimó que hubo más de 600 oficiales asignados como escoltas entre funcionarios, exfuncionarios y particulares durante la pasada administración, unos con 10 y hasta 14 vehículos blindados, subrayó el diputado Héctor Pizano Ramos, promotor de la ley del Servicio de Protección para el Estado y sus Municipios.

Indicó que una vez que culmine la entrega-recepción entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Estatal, se conocerá cuántos elementos estaban asignados y con quiénes.

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Puntualizó que al titular de la Secretaría de Seguridad se le requerirá un informe del estado de fuerza en la entidad.

Antes de la ley, el fiscal general asignaba al personal y con la nueva legislación se otorgará con base en un dictamen técnico que emitirá el Consejo Estatal de Seguridad.

Los elementos anteriormente se asignaban sin justificación, indicó Pizano.